La acusación, que impulsó la fiscal Viviana Ferreyra por la denuncia del abogado Guillermo Mulet, sostiene que Barreiro, que fue denominado mediáticamente como el jardinero de los Kirchner, a pesar de que en los datos identificatorios se consignó que es "empresario y docente de la Universidad del Salvador" y que "ha cursado estudios universitarios completos", cobró 220.000 pesos tras haber falseado en una declaración jurada que no existía incompatibilidad alguna -cuando se sostiene que era funcionario del gobierno provincial- para que la firma RP Transportes y Turismo SRL, de la que era el titular, suscribiera un contrato de trasporte con el Ministerio de Turismo de la provincia de Entre Ríos.
Ferreyra afirmó que Barreiro "reunía la calidad de funcionario público de la provincia de Entre Ríos, y que no obstante la misma, y habiendo negado dicha calidad, participó de una licitación pública en la cual, por dicha circunstancia no podía participar". En su defensa, Barreiro negó los cargos, reconoció que firmó la licitación y que fue inscripto como proveedor de la Provincia de Entre Ríos. En este sentido sostuvo que por su experiencia en el rubro cultura y turismo y por su amistad personal con Sebastián Lorenzo, que era titular del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), comenzó a " ayudar a conectar, a generar gestión". También aseguró que Lorenzo le ofreció ser funcionario pero que se negó, argumentando que por sus actividades no contaría con el tiempo que la función le demandaría, pero, ante la insistencia de Lorenzo, accedió a continuar aportando ad honorem.
Según la acusación, en la causa "se puede advertir todo el proceso de participación del incurso Barreiro en la licitación 30/12 publicada por Boletin Oficial el 26 de setiembre de 2012, la cual fue desarrollada con total normalidad, el incurso se presentó en el Registro de Proveedores, adquirió el pliego de condiciones, fue el ganador de la misma, percibió el monto estipulado y efectuó las prestaciones determinadas, a saber: traslado de alumnos entrerrianos a Tecnópolis en dos colectivos pertenecientes a su empresa RP Transportes por el plazo de tiempo estipulado, sabiendo el incurso que ostentaba un cargo de funcionario público provincial".
Para Ferreyra "tal cargo fue debidamente y formalmente tramitado, fue solicitado por ante el Ministro Secretario de Cultura y Comunicación de la Provincia Pedro Ángel Báez". También sostiene que la designación, con el decreto Nº 2693 del 15 de agosto de 2012 y el Nº 3793 del 27 de setiembre del mismo año autorizando "la percepción de viáticos fueron debidamente notificados a través del Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos, siendo ello el trámite administrativo de designación de los funcionarios públicos de planta de esta provincia".
Pedro Báez, actualmente diputado provincial, fue convocado a declarar en esta causa en calidad de testigo. Según pudo confirmar El Diario, el legislador concurrirá a la audiencia a prestar declaración testimonial. Báez es el único legislador que no se amparó en los fueros legislativos y concurrió a prestar declaración indagatoria en relación a las causas que se le sustancian. El mismo legislador decidió no declarar por escrito, como tiene permitido hacerlo, y eligió presentarse en el juicio para declarar con más amplitud y poder responder a todas las preguntas que se le formulen.
