La norma, indicó, espejará la llamada "Ley Magnitsky" (Magnitsky act, en inglés), que prohíbe la entrada al país y congela activos en su suelo de individuos y entidades acusadas de violar los derechos humanos. En concreto, la norma describe a las acciones como "la contribución física, financiera o a través de otros actos de corrupción sistémica" que se encuadren dentro de la definición del crimen.
"Acordamos iniciar los trabajos preparatorios de un régimen de sanciones global para enfrentar las graves violaciones de los derechos humanos, que será el equivalente de la 'Magnitsky Act' de Estados Unidos", anunció Borrell.
El flamante jefe de la diplomacia europea realizó estas declaraciones en rueda de prensa después de presidir su primera reunión de cancilleres del bloque en Bruselas, y precisó que presentarán una propuesta a "inicios de año".
Al igual que en Estados Unidos, la ley estará bautirzada en honor a Sergei Magnitsky, un contador ruso que en 2008 fue encarcelado luego de denunciar una maniobra de corrupción en el gobierno destinada a apropiarse de una empresa extranjera y usarlos para quedarse con alrededor de USD 230 millones en concepto de reintegros impositivos. Ese dinero luego habría sido lavado a través de un banco escandinavo.
Magnitsky murió luego de pasar casi un año en prisión. Durante su cautiverio había denunciado las condiciones en las que se encontraba. Y de hecho, en agosto de este año la Corte Europea de Derechos Humanos determinó que, mediante las pobres condiciones de encierro, el estado ruso violó el derecho a la vida del contador. También indicó que la investigación oficial respecto de las condiciones alrededor de su muerte no eran claras.
Estados Unidos sancionó su "Magnitsky act" en 2012 bajo la presidencia de Barack Obama. Los primeros apuntados fueron los funcionarios rusos considerados responsables de causar la muerte del contador.
Y de hecho, la administración de Donald Trump utilizó también la ley este lunes. En este caso, sancionó a dos funcionarios del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro.
Se trata de dos miembros del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Juan Carlos Dugarte Padron, director del servicio entre 2016 y 2018, y su sucesor Gustavo Adolfo Vizcaino Gil, actualmente en el cargo, según indicaron altos funcionarios del Departamento del Tesoro en una conferencia de prensa telefónica. Ambos están sospechados de recibir sobornos para realizar diferentes trámites y de vender pasaportes a extranjeros.
"Como resultado de las acciones de hoy, todas las propiedades e intereses de ambos funcionarios en los Estados Unidos o en posesión de ciudadanos estadounidenses han quedado bloqueados. Llamamos a nuestros socios internacionales a hacerlos también responsables por sus acciones", indicó una alta fuente del departamento del Tesoro.
Las acciones fueron coordinadas entre el gobierno de Estados Unidos y miembros del gobierno de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional de Venezuela, declarada en desacato por el régimen de Maduro. "Han estado trabajando con nosotros para ayudarnos a identificar a los sanciones", indicó la fuente
La UE ya cuenta con regímenes que sancionan la violación de derechos humanos, pero estas aplican en el marco de crisis políticas o de guerras en terceros países. Algunos ejemplos son los de Siria, más recientemente, Venezuela.
Borrell explicó que la decisión de este lunes de crear un régimen de medidas que permita sancionar únicamente las violaciones de derechos humanos ha sido posible después que varios ministros levantaran "sus reservas". Las decisiones sobre política exterior en la UE, incluyendo la adopción de sanciones, necesita la unanimidad de los 28 miembros del bloque.
