Para el fiscal, esa organización funcionó desde principios de agosto de 2019 hasta el 7 de noviembre del mismo año y como organizadora de la misma estaba Vanesa Marcela Saravia, apodada "Mae" o "Curandera", y su pareja Martín Alejandro Albaristo. Además de ellos participaban otras personas de su confianza que, mediante el uso de autos de alta gama y diversos inmuebles, fraccionaban, resguardaban y distribuían la droga.
Todos los traslados y reuniones tenían como denominador común el domicilio de Echagüe al 6900, en la zona noreste de la ciudad de Santa Fe. A principios de noviembre de 2019 por orden del fiscal Onel se realizaron siete allanamientos y se secuestraron poco más de 143 kilos de cocaína que estaban dentro de una Ford Ranger y un Jeep Patriot estacionados en una finca de Los Ceibos al 10.400 de la capital provincial. También incautaron 308 mil pesos, 118 mil dólares, celulares y distintas llaves de vehículos además de elementos usados para el fraccionamiento de la droga.
En cuanto al viudo de Adelfa, Reinaldo Arsenio Wabeke, el fiscal dijo que tuvo bajo su dominio funcional, con fines de comercialización, 491 gramos de cocaína que le secuestraron el 8 de abril pasado a la noche en una bolsa de nailon negro hallada en una casa de San José al 10.000 de la ciudad de Santa Fe, dónde residía. Esa propiedad, dijo entonces Wabeke, le fue facilitada por Saravia ya que él no tenía donde vivir.
Sin embargo, el viudo de Adelfa no estaba allí cuando se allanó la casa ya que había sido detenido horas previas cuando viajaba en un Citroën C3 por la autopista Rosario-Santa Fe trasladando 5 kilos de cocaína que tenían por destino, según trascendió, la cárcel de Mujeres de Rosario en donde estaba presa la "Curandera" Saravia, hecho por el cual deberá responder ante la Justicia federal rosarina.
Para el fiscal, Vanesa Marcela Saravia y Martín Alejandro Albaristo, son coautores del delito de organización de actividades de almacenamiento y comercialización de drogas y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por haber sido cometido por la intervención de tres o más personas en forma organizada.
A Leandro Javier Rivero, le achacó comercio de estupefacientes y a la uniformada Gabriela Guadalupe Coccucio, facilitación de un lugar para que se lleven a cabo alguno de los delitos previsto en esa ley 23.737 y enriquecimiento ilícito. En cuanto a Wabeke pidió la elevación a juicio por tenencia con fines de comercialización. Fuente: (UnoSantaFe).-