Las entidades que representan a los corredores de granos del país consideran que "ningún reclamo sectorial puede centrarse en impedir un derecho fundamental establecido en la Constitución Nacional". "La interrupción del comercio de granos -principal fuente generadora de divisas genuinas de la economía argentina- provoca problemas en la cadena de pagos del sector agroindustrial y daños económicos por tiempos perdidos y fletes que no pueden realizarse ante la imposibilidad de trasladarse por las principales rutas del país. Generando un enorme perjuicio a los productores y acopiadores", argumenta el comunicado emitido por los Centros de Corredores de Cereales.
Por tales motivos, solicitaron a las autoridades del gobierno nacional que "intervengan para garantizar el libre comercio y el restablecimiento de la normal circulación de camiones con cereales y granos oleaginosos".