En realidad, no bien fue notificado de la ratificación de la condena Martínez presentó un recurso “in pauperis” (peticiones presentadas por personas detenidas) en ejercicio de su derecho como imputado condenado para que sea revisado el fallo condenatorio. Luego de la decisión del jurado popular y de la resolución de la jueza técnica María Carolina Castagno, el caso llegó a la Cámara de Casación Penal, que confirmó la condena.
Martínez volvió a mostrarse en disconformidad ante esa resolución y presentó una impugnación extraordinaria para llegar a la Sala Penal del STJ, que la declaró inadmisible. El paso siguiente es un recurso de queja, que tiene que fundamentar la Defensoría Pública a cargo del defensor Luis Pedemonte.
A Fátima se la vio por última vez el 1 de marzo de 2020. Días después, tras una ardua búsqueda, su cuerpo sin vida fue hallado en un pozo de agua cerca de la casa de Martínez. El caso desató una ola de movilizaciones populares en pleno Día Internacional de la Mujer. Fue el primer femicidio decidido por un jurado popular en la historia de Entre Ríos.
En el proceso se probaron los tres cargos que pesaban en su contra: lesiones graves en grado de tentativa -intentó arrojarle ácido muriático en la cara a Acevedo a comienzos de 2020-; defraudación en grado de tentativa -con su expareja ya asesinada, intentó utilizar su tarjeta bancaria y extraer dinero de la sucursal del Nuevo Bersa de Gualeguaychú y Alsina, sin éxito-; y por el homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por haber sido perpetrado en un contexto de violencia de género.
Los defensores públicos de Martínez apelaron la sentencia y, hasta ahora, han obtenido fallos adversos. Tras el fallo de febrero de 2021, la Cámara de Casación Penal de Paraná ratificó la condena y luego rechazó un recurso extraordinario para que el expediente pase a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.
Fuente consultadas de la Defensoría General confirmaron que recientemente se presentó un recurso de queja ante la Sala Penal del STJ. De momento, los vocales Claudia Mizawak, Miguel Angel Giorgio y Daniel Omar Carubia, deben resolver si admiten el recurso y, de hacerlo, recién entonces podrán abocarse al análisis de los planteos que esgrimen los defensores. De no superar la primera instancia de admisibilidad, será muy difícil que la Defensoría General intente llegar ante la Corte Suprema, por lo que esta será la última carta judicial de Martínez, publica el portal Entre Ríos Ahora.
Para la querella, no hay vuelta atrás
Consultada al respecto, la abogada querellante Alejandra Pérez sostuvo que “la situación de Martínez no tiene vuelta atrás. Viene de ser condenado por un jurado popular y Casación confirmó la sentencia. Hay un doble conforme. Ya no hay posibilidades de que pueda pedir un tercer análisis”.
Sobre los planteos de los defensores públicos, comentó que consideran que las diferentes instancias judiciales “hicieron un mal análisis de las pruebas”. También indicó que solicitan “que se le dé un permiso para que cuando cumpla 20 años en prisión pueda salir en libertad condicional”.
“Le hemos contestado que esto es algo que ni siquiera compete a la Cámara de Casación ni al Superior Tribunal. Esto compete al juez de Ejecución de Penas y lo debe analizar cuando transcurra el tiempo. Es decir, que recién cuando cumpla los 20 años de cárcel pueden hacer este planteo porque para acceder al beneficio debe acreditar buena conducta, estudios y otras cosas. Pedir ahora esto es hacer futurología”, explicó.
El caso
El domingo 1 de marzo de 2020, por la mañana, Fátima Acevedo había salido de la Casa de las Mujeres a encontrarse con su expareja, Jorge Martínez. Habían hablado antes de la posibilidad de comprar un teléfono celular por Mercado Libre, y por eso es que ella salió a encontrarse con su ex, a quien había denunciado por violencia de género.
Antes de que Martínez la matara, Fátima Acevedo lo había denunciado por violento.
El 4 de febrero se presentó en la Comisaría Tercera y contó que Martínez la insultaba y que hacía una semana, aproximadamente, había querido arrojarle ácido muriático en el rostro, y también que ante su presencia, en gesto amenazante, había afilado una cuchilla.
Fue entonces que decidió buscar acogida en la Casa de las Mujeres, un refugio que pertenece a la Municipalidad de Paraná, pero ni allí pudo conseguir seguridad.
Tres días después, el 7 de febrero, se produce un allanamiento. Todo eso, denuncia en la Policía, intervención de Fiscalía, allanamiento, no bastó para entender la gravedad de aquella situación.
El día 5 la Fiscalía solicitó al juez de Garantías Mauricio Mayer que dicte una perimetral y la prohibición de acercamiento de Martínez a Fátima. Fue por 90 días. Lo notificaron al día siguiente, 6 de febrero.
El 11 de febrero Fátima acude nuevamente a la Comisaría Tercera: reclamó que Martínez le restituyese pertenencias que habían quedado en la casa y que no había entregado durante el allanamiento.
El 17 se presenta en la Comisaría y denuncia que Martínez había rondado el día 14 la sede de la Casa de las Mujeres. Ese mismo día acude al Ministerio Público Fiscal y detalla esa misma situación: le aconsejan que ante un nuevo hecho de ese tipo, debe llamar al 911. Le instalan en su celular la aplicación del botón antipánico.
El femicidio de Fátima Acevedo ocurrió el domingo 1° de marzo de 2020. Ese día, la chica sale de la Casa de las Mujeres a las 9,15 y toma un remis que la lleva a la vivienda de Martínez.
Habían acordado encontrarse con la excusa de que él le compraría un teléfono celular a través de Mercado Libre. Después se supo, eso había sido un simple ardid.
A la tarde, alrededor de las 16,30, se los ve caminar juntos. Pero un rato después, cerca de las 17,30, una vecina de Martínez lo verá andar solo y lo describe como en estado nervioso.
Pidió una pala para enterrar a un perro, que luego fue hallado al fondo del aljibe, junto al cuerpo de Fátima.
