Lo hizo a través de una resolución aprobada con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, en la segunda jornada de deliberaciones.
El documento pide que se tramite “con la máxima celeridad” el proyecto de ley de indulto general “en la Comisión de Constitución del Senado”, destinado a beneficiar a quienes están en la cárcel por motivos relacionados con el estallido de 2019.
Además, reclama que “el indulto, en el caso de las regiones (sureñas) Biobío, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuches”.
Asimismo, solicita “la inmediata desmilitarización del Wallmapu (el territorio ocupado por los mapuches), así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión” en esa zona.
“La revuelta social costó decenas de vidas y violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado que no podemos invisibilizar”, argumenta el texto.
Sostiene que “miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”.
“Hoy resulta fundamental, para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile”, agrega.
Durante el debate, la constituyente oficialista Margarita Letelier afirmó que el cuerpo no puede "estar opinando de este tipo de situaciones en momentos en que todos esperan que se redacte una constitución".
Por su parte, Ignacio Achurra, de Apruebo Dignidad, opinó que "en Chile hay presos políticos" y pidió que el Congreso apruebe una "ley de amnistía e indulto".
El tema de los presos durante el estallido social de 2019 volvió a generar tensión, luego que hoy más temprano un grupo de estudiantes secundarios tomara la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y denunciara que en Chile "se violan sistemáticamente los derechos humanos con total impunidad".
En esa protesta, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) afirmó en un comunicado que la violación de derechos fundamentales "es una realidad que el Gobierno y las instituciones ocultan, pero que ellos mismos ocasionaron y perpetuaron creando leyes que tenían por objetivo criminalizar la protesta social".
La Convención Constituyente de Chile está sesionando desde ayer, luego de diferentes polémicas, en el Palacio Pereira, antigua sede del Congreso, ubicada en el centro de Santiago.