Debido a la integración del Superior Tribunal con cinco miembros, a partir de la sanción de la ley 10.704, se han pronunciado fallos contradictorios. Por ejemplo, en materia de orden público de los honorarios de los abogados.
Cabe destacar que en la provincia de Entre Ríos, tiene plena vigencia la ley 10.377, sancionada en el año 2015, que establece que los aranceles y honorarios profesionales recobraron el carácter de orden público.
Además, desde el Colegio de Abogados remarcaron la facultad exclusiva e indelegable de la Legislatura provincial para dictar normas sobre aranceles y honorarios y resaltaron que el artículo 8 de la Constitución Provincial, en una férrea defensa del federalismo, establece que las autoridades provinciales no pueden delegar facultades provinciales a la Nación (bajo apercibimiento de ser considerado causal de mal desempeño). Desde el CAER, remarcaron que estamos ante un gravísimo" conflicto de poderes.
Este lunes, ante la emergencia, el Colegio de Abogados presentó una nota al Superior Tribunal de Justicia, en la que se peticionaba por el respeto al Orden Público y "categóricamente" se denunciaba que el artículo 1255 del Código Civil y Comercial ha sido tácitamente derogado por el Congreso de la Nación para las regulaciones judiciales de honorarios de los abogados.
Este jueves, el CAER fue notificado formalmente sobre el Acuerdo Plenario Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia en el que se perfora el mínimo establecido por la ley, lo que llevó a la institución a declararse en estado de alerta.
El comunicado de la Oficina de Amparos
El secretario del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a cargo de la oficina de Amparos, Eduardo Rodríguez Vagaría, informó que a partir de la vigencia de la Ley Nº 10.704, por la cual se introdujeron modificaciones a la Ley de Procedimientos Constitucionales y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde el Alto Cuerpo se implementaron medidas tendientes a dar cumplimento al espíritu del amparo: "su celeridad en respuesta al ciudadano".
Como primera medida se designó un secretario con competencia exclusiva en la materia y se reestructuró la oficina donde tramitan los amparos.
El funcionario explicó que "debido a que en agosto pasado, cuando comenzó a funcionar el nuevo sistema con la intervención del Pleno (los 9 vocales del STJ), se remitieron al flamante organismo 43 expedientes que se tramitaban mediante el procedimiento anterior, lo que originó naturalmente una leve dilación en el dictado de las primeras resoluciones".
En relación a la constitución del Tribunal de Alzada, Rodríguez Vagaría destacó que el mismo se designa dentro de las 24 horas que ingresa la causa al Tribunal, por lo que no se configuraría demora alguna al respecto.
Asimismo, manifestó que una de las principales causas del retardo producidas en el procedimiento vigente fue la divergencia de criterios en materia de regulación de honorarios. Y que para remediarlo, el lunes pasado, y por primera vez, se reunieron los nueve miembros para dictar un fallo plenario en relación al tema, imprimiéndole de esa manera mayor rapidez al dictado de las sentencias.
Finalmente Rodríguez Vagaría señaló que, de acuerdo a las planillas oficiales, entre septiembre y octubre de 2018 se dictaron 124 sentencias en apelaciones de amparos, mientras que en igual período de este año se resolvieron 104 causas, lo que evidencia similares datos estadísticos.