Sociedad Cannabis medicinal

En Santa Fe presentaron un amparo para poder "autocultivar" marihuana

Se trata de un grupo de mamás de chicos que padecen epilepsia refractaria. Al no contar con una alternativa segura y de calidad quieren asegurarse de que no serán "perseguidas legalmente" por cultivar y elaborar su propio aceite.

Con el aceite de cannabis se da una situación paradójica: el marco legal, nacional y provincial, habilita su uso con fines medicinales pero todavía hay muchas barreras para acceder al producto y las mamás cuyos hijos tienen epilepsia refractaria, deben peregrinar para conseguirlo.

El autocultivo de marihuana, todavía prohibido, es una forma de garantizar su propio abastecimiento. "El acceso es muy restringido y el autocultivo es la única herramienta segura que le da garantías a nuestros hijos. Hay muchos padres que al no conseguir esta medicina intentan comprarla en el mercado negro pero la calidad no es la mejor", explicó Laura Acosta, presidente de la asociación civil Mamás Cannabis Medicinal de Santa Fe (Macame), que esta mañana presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal, con el patrocinio del diputado Jorge Henn y el abogado Domingo Rondina.

"Es una medida cautelar para que no haya persecución penal para las madres que autocultivan con fines medicinales. Yo entiendo que la provisión debería ser estatal pero aún no se elabora y la importación llega con dificultad y muchos obstáculos", planteó Henn.

El diputado recordó que el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe tiene un proyecto para elaborarlo, que se demoró, entre otras cosas, porque hace un año que está trabado un cargamento de 50 kilos de marihuana que donó una empresa uruguaya. Henn le envió una carta al ex ministro de salud de la Nación, ahora secretario, Adolfo Rubinstein, para que se acelere el proceso y el LIF pueda abastecerse de la materia prima para elaborar el aceite (por ahora no hubo una respuesta que agilice el proceso).

Acosta recordó que están utilizando el aceite, con una importante mejora en la calidad de vida en los chicos, no sólo para la epilepsia refractaria, sino también para algunos tipos de cáncer y trastornos del espectro autista. Hay médicos que también lo "recetan" en muchos tratamientos para mitigar el dolor.
"Hay resultados que son asombrosos. Hay chicos que tenían nueve convulsiones diarias y desde que recibieron el aceite ninguna. No queremos que detengan a ninguna mamá por cultivar su propio aceite", insistió Rondina. Y remarcó que si bien no se han registrado casos en Santa Fe, sí los hubo en Entre Ríos y otras provincias. Es por ello que "queremos la garantía de que la Justicia nos acompañe en este tema, porque es una medicina que les devolvió calidad de vida a nuestros hijos".

El marco legal

En la provincia de Santa Fe, a fines de noviembre de 2016, la legislatura aprobó el uso medicinal del aceite de Cannabis, para el tratamiento del dolor, epilepsias, cáncer, dolores crónicos, fibromialgia, esclerosis múltiple y enfermedades poco frecuentes. Fue la segunda provincia, después de Chubut, en aprobar esta iniciativa.

La ley también establece que el Instituto Autárquico Provincial (Iapos) cubra los tratamientos con Cannabis medicinal y se promueve la producción pública (por eso el LIF inició las gestiones para elaborarlo).

El Congreso Nacional aprobó la "ley de cannabis medicinal" en marzo de 2017 y se reglamentó en septiembre de ese mismo año. También se puso en marcha en un programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales.
Pero la asociación civil Mamás Cannabis Medicinal de Santa Fe pone en foco dos problemas: hasta ahora continúa prohibido el cultivo de la planta para elaborar el aceite, que tampoco se encuentra disponible a través de la industria farmacéutica, ya que la importación de los insumos es ilícita.

"Además, la llamada Ley de Cannabis dispone la provisión sin costo para quienes se encuentren en un programa para la investigación de uso medicinal de esta planta, lo que podría considerarse una arbitrariedad y una violación a los derechos de los niños y niñas enfermos", concluye la asociación. (El Litoral)
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