El caso de José Luis González, quien fue condenado semanas atrás a ocho meses de prisión condicional por el ejercicio ilegal de la odontología y laboratorista de prótesis dentales, puso luz sobre un delito que se repite en Gualeguaychú -y en cientos de lugares del país- con mucho más asiduidad de lo que se cree.
El impostor de 51 años fue imputado por cuatro hechos, ocurridos entre 2008 y 2010, y condenado a ocho meses de prisión condicional, no efectiva, por lo que no fue encarcelado. Además, según se desprende de la propia sentencia, González deberá "fijar residencia y abstenerse de beber bebidas alcohólicas y estupefacientes por el plazo de dos años".
Más allá del caso y la condena puntual, que dejó al imputado en libertad, desde el Círculo Odontológico Gualeguaychú y el Colegio de Protesistas Dentales continúan trabajando sobre el ejercicio ilegal de las profesiones.
Los representantes de los profesionales expresaron su preocupación por la problemática y dieron detalles del funcionamiento de los "odontólogos truchos" y las "graves consecuencias" que puede generar una mala praxis.
"Es parte de los colegios el velar, no sólo por los profesionales, sino también por el bienestar de la población. El daño que una mala intervención le puede generar al paciente puede ser irreversible, además hoy en día hay muchas lesiones precancerosas y tantas otras enfermedades que se pueden contraer por la boca, que es la entrada al cuerpo", explicó la presidenta delegada del Colegio de Odontólogos, Andrea Frutos, al tiempo que alertó a toda la población a que "vaya donde tiene que ir, a un profesional".
Por otro lado, Marcelo Dahuc, quien fue el abogado querellante por el Colegio de Odontólogos en la causa González, dijo que "existe otro caso penal en el que se llegó a la mediación y existió un resarcimiento económico por parte del denunciado. Se trata de Carlos Casenave, quien llegó a un acuerdo de mediación penal con la denunciante Celia Rodríguez".
Además de estos dos casos que llegaron a la Justicia Penal, existe una decena de "odontólogos truchos" investigados por los colegios de profesionales en Gualeguaychú, desde donde alertaron la existencia de "muchos otros casos" que todavía no han salido a la luz.
"Uno de los problemas más graves es que estos impostores trabajan con niños. Por ejemplo, para poder hacer una ortopedia un odontólogo se tiene que especializar durante siete, ocho o diez años más. Y estos señores las realizan sin siquiera sacar una placa antes de la intervención, generando muchas veces daños irreversibles", agregaron.
En este sentido, y sin dar el nombre, ya que el caso está siendo investigado, los profesionales dieron el ejemplo de una estafadora que, producto de una mala praxis, le dejó "la mordida abierta" a un niño, por lo que no volvió a poder abrir y cerrar la boca con normalidad, como hacía antes del tratamiento "trucho".
Por último, el protesista Nicolás Gasparovic dijo a El Día que "por más que una prótesis movible sea un elemento exterior, si está mal confeccionada puede modificar la posición del paladar, los senos paranasales o la ubicación muscular, pudiéndole generar a la persona: cefalea, sinusitis crónica, lesiones cancerosas y tantas otras patologías que se pueden evitar si se consulta a un profesional".
- El paciente no debe atenderse con ninguna persona que no sea profesional en la materia.
- Los protesistas dentales no están habilitados para actuar ?en la boca del paciente?. Los únicos que pueden hacerlo son los odontólogos matriculados y habilitados.
- Los daños que puede generar una mala praxis en la salud de la persona pueden ser irreversibles.
Dos casos en la Justicia Penal
- Caso González: Se denunció por ejercicio ilegal con tres personas afectadas y testigos. El declarado responsable del delito de ejercicio ilegal de dos profesiones es José Luís González, quien desarrollaba sus actividades en varios domicilios en las inmediaciones del Hospital Centenario. Cuando resultó denunciado, lo hacía en Edison 175, en Gualeguaychú.- Caso Casenave: Surge a partir de la denuncia de una afectada, quien tramita por el nuevo Código de Procedimiento Penal. La Fiscalía deriva a mediación penal entre la afectada y el denunciado. Resulta acuerdo por el cual el denunciado, Carlos Casenave, reconoce su ilícito y repara económicamente el daño ocasionado a la afectada.
