Ya hay un trabajo en la confección de un proyecto en conjunto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien todavía no llegó a terminarlo.
Elonce dialogó con el juez de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, quien participó de la temática durante la gestión presidencial de Mauricio Macri en un proyecto similar en conjunto con Germán Garavano.
En primer lugar, aclaró: “En principio, no se ha presentado un proyecto al que hace mención la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hay otros que se han presentado recientemente con la firma del diputado Diego Santilli y otros miembros que lo acompañan. Pareciera que no hay un acuerdo en cuál debería ser, en este tipo de proyecto, la edad de punibilidad”.
Posteriormente, hizo una segunda observación del caso: “Hay una diferencia con la inimputabilidad, porque puede ser una persona adulta o menor de edad. Consiste en la imposibilidad de poder comprender la criminalidad de las acciones. En cambio, a lo que hacemos referencia a la no punibilidad. Lo que estaríamos discutiendo sería la posibilidad o la edad de punibilidad. No es nada más y nada menos que la posibilidad que tiene el Estado de aplicar una pena cuando se comete un delito”.
“Hay una discusión que es inevitable y que no se puede aplazar más por parte del Poder Legislativo nacional que es el tratamiento y derogación del Decreto de Ley 22278, que rige el procesamiento penal para personas menores de 18 años”, confirmó Barbirotto.
La mirada de organismos internacionales
Por otro lado, profundizó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el propio Comité de los Derechos del Niño “han dicho que Argentina debe modificar el decreto 22278 y adecuar su normativa a los derechos internacionales”.“El sistema penal para personas menores de 18 años tienen menos derechos y garantías que los de un adulto. La primera obligación sería eso, adecuar normativamente a la Convención de los Derechos del Niño”, explicó. Tras el regreso de la democracia, hubo varios intentos por tratar de modificarla, sin embargo, “han fracasado porque primero se pone en discusión es si hay bajar la edad de punibilidad o no y no se sigue avanzando en esta normativa”.
“El Comité de los Derechos del Niño le ha recomendado a Argentina que modifique la ley, pero que no baje la edad de punibilidad”, subrayó. En la misma línea, manifestó que a nivel internacional, se condena “con distintas edades”. Argentina lo hace con 16 años, pero otros lo hacen desde los 14.
Por otro lado, comentó qué determinación debería tomarse según órganos internacionales: “Aquellos países que tienen la ley de punibilidad alta, como por ejemplo Argentina, no deberían bajar. Se lo conoce como principio de no regresividad, es decir, no regresar a estándares anteriores donde había un derecho inferior, sino siempre hacia adelante. Si bajaríamos la edad a 15, 14, 12 o inclusive hubo proyectos presentados y tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados que hacen referencia a que no fijan ningún tipo de edad, sino que mencionan que la edad de punibilidad quedará condicionada por la capacidad del sujeto. Si el hombre comprende la norma para infringirla y comprender sus consecuencias, independientemente de la edad, se valoraría la punibilidad”.
“Lo que requiere esto es un amplio debate y discusión seria y no solo del ámbito jurídico, sino multidisciplinario, es decir, de todas aquellas que intervienen cuando una persona menor de edad comete un delito. Pero la sociedad también tiene que conocer el índice de delito que cometen las personas por debajo de 18 y de 16 años. Es ínfimo en relación a los cometidos por adultos. Sí los cometen. Hay graves, pero muy pocos”, profundizó. “¿Es lícito ofrecer una respuesta en la cuestión de inseguridad o seguridad por el uno o dos por ciento cuando no se la estamos dando quizás en el 98 o 99% restante? ¿Es un problema tan grave en este momento de nuestro país que requiere este tipo de medida de bajar la ley de punibilidad con estas recomendaciones de los instrumentos internacionales?”, abrió interrogante a la sociedad.
