La norma todavía no fue implementada porque aún resta su reglamentación. "Hay cuestiones que se tienen que analizar y ver porque esto tiene un presupuesto, no es que se promulga y se empieza a aplicar al otro día", explicó de la Rosa. Ratificó su apoyo a la norma y recordó que el directorio del Iosper, que él conformó, había sido impulsor de esta ley. "Pero para aplicarla hay que reglamentarla, hay que delimitar si el Ministerio será la autoridad de aplicación y si los inspectores lo van a poner las obras sociales, o el Ministerio, y quien los va a pagar".
Es que, entre otros puntos, la ley crea "un cuerpo de inspectores" cuya dirección estará a cargo de la autoridad de aplicación. Estos inspectores deberán inspeccionar "activa y regularmente los domicilios, consultorios y efectores de salud donde ejerzan sus actividades los prestadores de las diferentes obras sociales, a fin de detectar la realización de las prácticas prohibidas" por la norma.
El ministro también recordó que se había propuesto la creación de un Observatorio de Convenios para el seguimiento y control de los convenios. "Ese organismo estará integrado por las diferentes partes interesadas", es decir, los efectores y los usuarios del servicio", había explicado en su momento. (APF)