Luego de la difusión en medios periodísticos sobre la inminente presentación en la Cámara de Diputados de Entre Ríos de un proyecto de ley que elimina el aporte financiero del Estado a las Escuelas Públicas de gestión privada, el gremio expresó su "absoluto rechazo" a la iniciativa.
SADOP sostiene que "si la Educación es un bien público, el derecho a su acceso no puede entenderse restrictivamente. Fragmentar, dividir u oponer sectores del sistema educativo es ser funcionales a la idea de que no todos tienen derecho a educar o educarse". A continuación, el comunicado escrito por SADOP
Creemos en la libertad de enseñanza y en el trabajo digno para los educadores privados. Este proyecto de ley está pergeñado en contra de los docentes de escuelas públicas de gestión privada representados por el SADOP.
No permitiremos que se avasallen sus derechos ni los derechos de TODOS a un bien público como es la educación.
El aporte estatal a las escuelas públicas de gestión privada es una herramienta de inclusión, desde que supone un esfuerzo económico colectivo dispuesto en función de garantizar la libertad de enseñanza para los padres y alumnos, las instituciones y los docentes. En tal sentido no puede entenderse como un privilegio, ni administrarse de manera contraria al bien común.
Si el proyecto que rechazamos avanzara, sólo los hijos de hogares de sectores medios y altos podrían permanecer en las escuelas privadas. En consecuencia, aquellos que no puedan afrontar el indefectible incremento de los aranceles de las escuelas de gestión privada, deberían volver masivamente a la escuela pública.
¿Está la escuela pública en condiciones de enfrentar esa demanda?
Por eso creemos que el financiamiento público de la Educación de Gestión Privada es garantía de acceso a la igualdad de oportunidades.
La obligación del Estado de garantizar la educación ?que es un bien público en virtud de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 - con independencia del tipo de gestión (estatal o privada) implica la consiguiente obligación de disponer los recursos a tal fin, por lo que el proyecto desconoce o mal interpreta la legislación vigente y la propia Constitución.
La legislación nacional, que el proyecto desconoce, establece que "la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado".
Asimismo dispone que "el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconocen, autorizan y supervisan el funcionamiento de instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y de gestión social".
La asignación de aportes financieros por parte del Estado a las escuelas públicas de gestión privada, se basa "en criterios objetivos de justicia social".
El aporte del Estado no es una dádiva, sino una obligación para garantizar el acceso a la educación, que ninguna iniciativa puede soslayar sin menoscabo de las normas constitucionales.
Ratificamos, ante la eventual presentación de este proyecto de ley: SADOP está alerta, se moviliza y denuncia que se pone en riesgo la fuente laboral de nuestros compañeros.
SADOP Entre Ríos recurrirá a todas las instancias gremiales y legales en defensa de los derechos de los docentes privados, y del derecho constitucional de los alumnos y padres de acceder libremente a la educación.
