Hace 10 días atrás, Casación resolvió la continuidad del juicio con el mismo Tribunal que actuó en octubre del año pasado, cuando solo se desarrollaron dos audiencias hasta que fue clausurado por la declaración de un testigo y supuesta víctima de abusos.
Del 5 al 7 de diciembre se programaron las audiencias a realizarse en Gualeguaychú con los jueces Alicia Vivian, Alberto Seró y Mariano Martínez.
"Nosotros, de no mediar ningún problema, nos vamos a presentar", adelantó el defensor del imputado que actualmente vive en Gualeguay y sigue muy de cerca todo lo concerniente a su caso.
En diálogo con ElDía, Gallardo responsabilizó de toda la demora al querellante Darío Carrazza, porque aseguró que fue el asesor legal de las víctimas el que "pidió que se desplazara al Tribunal".
"Todo esto que ha pasado es atribuible solamente a la querella", aseguró Gallardo y explicó que la solicitud de Carrazza se hizo durante los alegatos en la Cámara de Casación, en el momento en que se definía la continuidad del juicio".
Según Gallardo, "me da la impresión que no le gusta la decisión de este Tribunal", mientras que a "la defensa no le interesa quiénes sean los jueces, porque incluso cuando la querella pidió el desplazamiento, nosotros dijimos que entendíamos que debía seguir el mismo Tribunal porque había demostrado ecuanimidad y había sido absolutamente flexible para las partes y con una libertad absoluta".
Cuando se le preguntó sobre a quién le sirvió más este tiempo de espera de más de un año, el entrevistado opinó que "la defensa siempre quiso terminarlo rápidamente porque nosotros estamos convencidos que no hay delito y si de existir, estos están prescriptos".
Por otra parte, aseguró que la defensa "nunca pidió la suspensión ni solicitó desplazamientos de funcionarios", y explicó que la declaración del testigo -víctima- estaría dentro de la misma mecánica por la que estaba siendo juzgado Broggi por lo cual "nosotros entendemos que todo acusado tiene el derecho de defenderse una sola vez. Si hay 100 casos no lo van a llevar a juicio una vez por caso, por una cuestión de economía procesal lo planteamos a eso".
"Nosotros estamos a derecho porque sabemos que esto se va a terminar y nos van a dar la razón", advirtió el gualeyo que continuará con su estrategia de poner en crisis los fundamentos y pruebas recogidas por la Fiscalía, argumentando una prescripción de los supuestos hechos ocurridos entre 1988 y 1995 y entre 2002 y 2008, cuando estaba al frente del área de Cultura de Urdinarrain.
