Víctor Berta, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, explicó a UNO que en la denuncia propusieron a la Justicia que investigue si se configuran los delitos de Privación ilegal de la libertad y Abandono de persona. Los denunciados son Carina Jacob, dueña de la residencia; Sebastián Díaz, su marido; Mirtha Eduarda González, la madre, y Rodrigo López Zabala, médico responsable del establecimiento.
"Nosotros adelantamos que se pueden presentar los delitos de Privación ilegal de la libertad y Abandono de persona. Y entre las circunstancias que nos llevan a presentar la denuncia, más allá de las que son de público conocimiento, nos preocupa que hay cinco abuelos que desconocemos su paradero", sostuvo Berta.
Indicó que esas personas desaparecidas vivían en ese hogar, supuestamente luego de la clausura habían sido trasladadas a otros sitios pero todavía se desconoce dónde están. Una de estas personas es un hombre de 50 años con Síndrome de Down, de quien solamente se conoce su nombre, Juan Casas.
Finalmente, Berta confirmó este sábado a Elonce TV que el hombre se encuentra "en buen estado de salud", según lo comunicaron sus familiares, quienes lo habían retirado del geriátrico el viernes pasado.
Resta localizar a cuatro abuelos, de los cuales, Salud provincial aún desconoce su paradero.
El principal objetivo de la denuncia es que se conozca el paradero de estas personas. "Entendemos que puede haber abandono de persona porque hay gente que tiene prescripta medicación que no esta tomando", ejemplificó el funcionario. Sobre el otro delito dijo: "A las personas que no encontramos, ellos las tienen en algún lugar retenidas, por eso podría configurarse la Privación ilegal de la libertad".
"Agregamos un precedente que es una denuncia penal de agosto, por el fallecimiento de una persona, que hizo un familiar", añadió. Se trata de un residente que había desaparecido y después de ser atendido en el hospital San Martín, la familia denunció el caso.
"Nosotros ponemos en conocimiento de la Justicia los datos que tenemos hasta ahora. El fiscal en turno deberá investigar. Paralelamente todas las otras responsabilidades se van a seguir investigando, como la de los médicos como profesionales", expresó.
El director de Asuntos Jurídicos relató que los dueños del hogar aportaron teléfonos para ubicar a las personas trasladadas pero en ninguno las han podido ubicar en cuatro días. A esto se suma que tampoco se conoce dónde tienen las tarjetas de cobro de haberes de los que son jubilados o pensionados o perciben algún beneficio.
"Ellos los tenían alojados en la residencia ¿Adonde están?; ¿con quién están? Lo tendrá que investigar la Justicia. Entendemos que al día de hoy, por la gravedad de los hechos que han venido sucediendo era necesario avanzar en este sentido", aseveró.
