Paraná En Casación

Concejal apelará la condena por negociación incompatible con la función pública

El edil Santiago Gaitán quiere revertir la condena de dos años y medio de condicional por negociación incompatible con la función pública en la Casación. "Nos han dejado en indefensión", indicó el exapoderado de la DPV.
El concejal Santiago Gaitán (Cambiemos-Paraná) confirmó que esta semana irá en Casación en rechazo a la sentencia de primera instancia que lo condenó a dos años y seis meses de prisión condicional por haber sido considerado coautor material y responsable de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal. Al extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) también se le impuso una pena de inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos, más el pago de una multa de 60.000 pesos. En el juicio que se le siguió tanto al dirigente peronista como al abogado Flavio Emilio Torrealday y al empresario Osvaldo Pedro Issel, se pudo acreditar que los tres imputados habían acordado un convenio de pago, que para la Fiscalía no correspondía hacerlo.

El viernes se cumplirá el plazo que tienen las partes para plantear el recurso. La defensa de Gaitán adelantó que se tomarán todo el tiempo necesario para estudiar el contenido de la sentencia, y después construirán una estrategia orientada a sostener la inocencia del concejal. "Vamos a ser muy prudentes, pero tenemos buenas expectativas en cuanto al asunto. Mi opinión sobre el veredicto se la voy a dar a las jueces, pero en ese sentido voy a ser muy técnico", señaló el defensor Ignacio Díaz. Si bien ante la consulta prefirió la cautela, el letrado consideró que en el debate quedó demostrado que "la deuda existió", así como también remarcó que "no hubo fraude contra la administración pública. Todo dependía de la existencia de la deuda".

"Nos han dejado en indefensión"

La defensa del abogado Flavio Torrealday también interpondrá un recurso casatorio. Así lo adelantó Leopoldo Lambruschini, representante legal del exapoderado de la DPV. "Nos han dejado en indefensión. Acá ha habido un agravio al debido proceso y al derecho de defensa", afirmó. Lambruschini se mostró muy contrariado con la interpretación que realizó el tribunal de los hechos. "Ha sido una interpretación completamente diferente a la de la fiscal, por eso es que se ha cambiado la calificación legal. Los agravios son por un cambio de hipótesis de los hechos, una cuestión de significación autónoma. A nuestro representado se le reprochan irregularidades administrativas", cuestionó anticipando su estrategia. (Uno)
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