Una pareja en trámite de divorcio quiso arreglar sus asuntos familiares ante la Justicia con los servicios del mismo abogado. Pero la Justicia consideró como “inadmisible” a la pretensión. Los fundamentos del fallo.
MVC y MJK iniciaron el proceso de divorcio en el Juzgado de Familia Nº 2, de Concordia, a cargo de María Constanza Ortiz, con una peculiar petición: pretendieron arreglar sus asuntos familiares ante la Justicia con los servicios del mismo abogado.
La Justicia les dijo que no, en primera instancia.
Apelaron ante la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Concordia, que les rechazó esa vía, y entonces acudieron con un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia (STJ): en la máxima instancia le repitieron la misma letanía, un divorcio se hace con abogados distintos para cada una de las partes.
En primera instancia, la jueza de Familia rechazó el pedido de la expareja en base al artículo 167º de la Ley Nº 10.668 que regula los procesos de familia y que dice: “Divorcio bilateral. En este juicio, los cónyuges peticionan el divorcio en un mismo escrito, al que deben adjuntar el convenio regulador sobre los efectos del divorcio o, en su defecto, la propuesta unilateral de cada uno. En ambos casos, el escrito debe ser patrocinado por un abogado para cada parte”.
La resolución de la magistrada fue apelada, y la apelación, concedida. Pero la Cámara Civil de Concordia entendió que la apelación había sido mal concedida por la jueza de primera instancia. Y entendió que la exigencia de la jueza, tendiente a impedir que las partes actúen bajo un mismo patrocinio letrado, no encaja en ninguno de los supuestos apelables. “Ello, se dijo, definió el asunto y volvió insustancial cualquier otro análisis, porque el juez de primera instancia, como director del proceso, es soberano en decisiones como la impugnada salvo afectación de derechos de índole constitucional”, planteó la Sala Civil de Concordia al confirmar el rechazo.
La expareja, entonces, acudió a la Sala Civil y Comercial del STJ con un recurso de inaplicabilidad de ley.
Con los votos de los vocales Gisela Schumacher, Martín Carbonell y Leonardo Portela, el tribunal concluyó en que “aunque la Cámara no trató el agravio vinculado al perjuicio económico que alegan los recurrentes -importante, sin duda-, esto no puede ser motivo para admitir el recurso, ya que la legislación vigente impide la actuación de ambas partes de manera conjunta”.
“El Código de Ética Profesional para los profesionales de la abogacía y la Ley N° 10.855, de creación del Colegio de la Abogacía, ambas provinciales, establecen claras prohibiciones a la representación y/o patrocinio conjunto de partes con intereses disímiles y, si bien los recurrentes expresan no tener intereses contrapuestos, estos podrían surgir con posterioridad, lo que conlleva a la necesidad de contar con el asesoramiento separado conforme lo prescribe la Ley Procesal de Familia para los convenios de divorcio. Se respeta, de esta manera, el fin protectorio de la ley”.
Por eso, consideraron “inadmisible” el recurso presentada por la pareja en trámite de divorcio. (Fuente: Entre Ríos Ahora)
