Activaron la Alerta Sofía para reforzar el operativo de búsqueda de Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, Córdoba. Participan fuerzas provinciales, federales y equipos especializados bajo la coordinación de la Justicia.
La investigación por la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón sumó un nuevo capítulo este martes luego de que Activaron la Alerta Sofía para ampliar el alcance de los operativos desplegados en distintos puntos de la provincia de Córdoba. La adolescente de 15 años fue vista por última vez al retirarse del Colegio Presbítero José Bonoris, en la localidad cordobesa de Colonia Caroya, y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.
La búsqueda movilizó a la totalidad de las fuerzas de seguridad provinciales y a organismos nacionales que trabajan de manera coordinada bajo las directivas del fiscal de instrucción Guillermo Monti. Desde la tarde del lunes, los procedimientos se desarrollan sin interrupciones, con patrullajes permanentes, controles vehiculares y tareas de inteligencia destinadas a reconstruir los movimientos de la joven.
Uno de los datos que orientan la investigación fue aportado por el abogado Luis Gutiérrez, quien explicó que la adolescente “salió del colegio y su celular se apagó”. Esa circunstancia se convirtió en uno de los principales ejes de trabajo para los investigadores, que buscan determinar qué ocurrió en las horas posteriores a su salida del establecimiento educativo.
Operativo con recursos provinciales y federales
El Ministerio Público Fiscal confirmó que todas las alertas de búsqueda fueron activadas de manera inmediata apenas se tomó conocimiento de la desaparición. En ese marco, efectivos de la Policía de Córdoba mantienen controles estrictos en rutas, accesos y caminos rurales, mientras que distintas unidades departamentales ampliaron el radio de cobertura para intentar localizar a la menor.
Además, las autoridades provinciales mantienen contacto con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar eventuales refuerzos logísticos y operativos. A su vez, se confirmó la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en la zona de Jesús María para colaborar con las tareas de búsqueda.
La magnitud del despliegue fue destacada por fuentes oficiales, que remarcaron: "El gobernador ha dicho absolutamente claro que los recursos para este tipo de búsqueda son ilimitados". La declaración refleja la decisión de las autoridades de concentrar todos los medios disponibles para encontrar a la adolescente en el menor tiempo posible.
Testimonios, cámaras y pericias tecnológicas
Mientras continúan los rastrillajes en terreno, la fiscalía avanza en la recolección de pruebas que permitan reconstruir el recorrido realizado por Luciana tras abandonar el colegio. Según trascendió, los investigadores cuentan con testimonios considerados "muy claros, muy precisos y certeros" aportados por personas que habrían visto a la joven luego de su salida del establecimiento.
En paralelo, se desarrolla un exhaustivo relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. El análisis de las imágenes se extendió durante toda la noche y continúa este martes con el objetivo de detectar movimientos o indicios que permitan orientar los operativos en curso.
Otro de los aspectos centrales de la causa está relacionado con el rastreo tecnológico. Los especialistas determinaron el último impacto registrado por la antena de telefonía celular asociada al dispositivo de la adolescente y trabajan sobre distintas líneas de investigación vinculadas a sus comunicaciones recientes.
Cautela en la difusión de información
Las pericias también alcanzan a la computadora personal de Luciana, que fue secuestrada por orden judicial para ser examinada por la Policía Científica. Los expertos intentan identificar posibles contactos, conversaciones o elementos que aporten datos relevantes sobre su paradero.
Sin embargo, las autoridades insistieron en mantener la prudencia respecto de la información que se difunde públicamente para evitar afectar el desarrollo de la investigación. En ese sentido, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló: "El fiscal ha querido que seamos muy cautos en la información".
