Sociedad Por un vacío legal

Fertilización asistida: hay más de 20.000 embriones “abandonados”

Si para un embarazo se crean 7 embriones y uno se implanta, ¿qué pasa con los otros 6? Mientras muchas parejas no pueden tomar una decisión, las clínicas deben costear la criopreservación. La necesidad de una ley que lo regule.
Una pareja que necesita criopresevar embriones para poder concebir acude a una clínica de fertilización. El proceso es exitoso, pueden transferir un embrión y se convierten en padres. Pero para lograr ese embarazo, se crearon 7 embriones. ¿Qué pasa con los 6 restantes?

Este es uno de los tantos escenarios posibles producto de las técnicas de fertilización asistida. Pero hay muchos otros: embriones “anormales” que no resistirían un embarazo y cuyo desarrollo no es viable, parejas que no desean más hijos, o que se separan, o que concibieron por otros medios.

Lo que sí es suele ser común es el resultado: la ley 26862, que garantiza la accesibilidad a estas técnicas, contempla su creación, pero no sus posibles desenlaces, por lo que esos embriones están en muchos casos en un estado de abandono.

Mientras muchas parejas dejan de costear su mantenimiento, las clínicas los siguen criopreservando porque -a pesar de que durante décadas las parejas no los reclamen- temen que el cese del proceso implique demandas.

El número de embriones criopreservados aumenta con los años: mientras que en 2017 se habían reportado 54.432, en 2020 son 91.724. Y de esa cifra, más del 23.000 tienen más de 10 años (un 25.8 por ciento), según un relevamiento basado en datos de los centros argentinos de reproducción publicado en Fertility and Sterility.
Las causas de este fenómeno son muchas y su análisis es multidimensional: inciden tanto factores psicológicos (parejas que no logran resolver la cuestión y ponen en suspenso el tema indefinidamente), como leyes poco claras al respecto, que dejan lugar a interpretaciones judiciales en donde no quedan afuera la ética y la religión.

En el medio, varios intentos de regular el destino de estos embriones fueron presentados en el Congreso, pero hasta ahora ninguno prosperó.

Hoy, habiéndose aprobado la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el país, tanto las clínicas como las parejas y muchos sectores de la justicia esperan que el camino esté allanado para que prospere una nueva versión y poder operar con reglas claras.
Dimes y diretes legales
“Sin una ley perdemos todos”, resume Marisa Herrera, doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet.

Su voz es por demás idónea: una de las leyes que aluden lateralmente a esta situación son el nuevo Código Civil y Comercial (en cuya redacción participó), y luego fue impulsora de dos proyectos de ley (uno de ellos perdió estado parlamentario) que buscan clarificar los caminos del embrión no implantado, que no quedan claros en la ley 26862, en donde se alude a la cuestión, pero no se la resuelve.
“Hemos tenido fallos con casos de parejas en las que el centro se niega a cesar la criopreservación y les indican que lo harán solamente si presentan una resolución judicial previa donde se lo autorice", cuenta.

"Pero los jueces -continúa- les agregan un parrafito en donde dice algo así como 'Cítese al Congreso para que sepa que sigue habiendo un material legislativo que le corresponde a usted, para que yo no siga teniendo que dirimir este tipo de conflictos'", ejemplifica Herrera.

Herrera sostiene que hoy día estarían dadas las condiciones para proceder al cese de la criopreservación en caso de que la pareja resuelva que no quiere utilizar las embriones vitrificados.

“Quien puede lo más, puede lo menos”, sería el principio que regiría su legalidad.

“Habiéndose aprobado la ley de aborto, es evidente que la interpretación coherente es que si yo a las 14 semanas puedo decidir por mi voluntad abortar, o sea, se priorizó la voluntad de la persona, te imaginarás lo que ocurre en un estadío anterior a eso", sugiere la doctora en Derecho, en referencia al estatus de los embriones no implantados.

La profesional también alude a un fallo que avalaría su cese, a los fines de evitar que los embriones permanezcan por un tiempo indefinido en estado de criopreservación: "Antes de la IVE también se podía hacer, porque tenemos el famoso fallo Artavia Murillo que es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es obligatorio para quienes ratificamos la Convención Americana", sostiene.

Aunque aclara que el nuevo proyecto de ley presentado este año para volver a visibilizar el tema serviría "incluso para quienes consideran que los tratados internacionales no serían operativos salvo que sean contra ese mismo país”, en referencia al citado fallo que en definitiva considera que un embrión no implantado no es una persona.
El estatus legal del embrión no implantado
“El tema debe abordarse con un análisis multidimensional, porque está por un lado la consideración legal del estatus del embrión que algunos lo consideran células que ni siquiera alcanzaron una diferenciación, y otros por otro lado creen que es una persona”, analiza Romina Pesce, jefa de la Sección Reproducción del Hospital Italiano y miembro de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.

En este sentido, Herrera puntualiza: “El tema en realidad es qué consecuencias jurídicas tiene, vos podés llamarlo como quieras, pero yo me pregunto: la sangre, los órganos, las células madre, ¿qué son jurídicamente? No importa, el tema es qué generan", reflexiona.

"¿Yo puedo poner hoy un kiosco de sangre? No, porque tiene una protección especial. Pero ¿es una cosa o es persona? Lo que importa es qué puedo y qué no puedo hacer sobre eso. Porque pareciera que lo único importante es si es persona o no es persona, pero a mí no me importa la lógica binaria 'persona o cosa', sino lo que puedo hacer o no", añade.
La dimensión psicológica
Y es que un procedimiento claro, con plazos estipulados y que haga hincapié en el asesoramiento previo, no solamente ayudaría a que los jueces dejen de estar dirimiendo legalmente lo que la legislación no estipula: también le quitaría de encima un peso a las parejas.

Hoy en día, es sobre quienes recae la decisión de qué deben hacer con los embriones, y las opciones que hay no son fáciles de tomar desde el punto de vista subjetivo, además del legal.

"Hace tiempo vino una mujer con este planteo: 'Tengo un embarazo de riesgo, no voy a tener otro hijo porque tengo 50 años y no me veo a los 52 teniendo, otro es muy pronto, ¿qué hago con el embrión que me quedó?' Hoy no hay límites en cuanto a esto y hay otra realidad: cuando profundizás el tema con las parejas, muchas no están cómodas con la donación a otra pareja por ejemplo", relata Pesce.
En este sentido, Herrera apunta: “Hicimos una investigación hace algunos años para un proyecto entre la UBA y el Conicet en la cual se ve que cuando le preguntás a la gente que no está en tratamiento te dice 'yo los donaría para que otra pareja puede ser madre o padre', pero cuando se le pregunta a la gente que está en tratamiento y que tiene embriones no los donaría”, sostiene.

Por eso, ambas hacen hincapié en el asesoramiento previo, y en que esa cuestión se plantee aún antes de criopreservar. Y eso es precisamente uno de los puntos de la ley.

“Presentamos este año, de nuevo, un proyecto de ley que ya veníamos haciendo en el Conicet con (Daniel) Filmus, de la mano de Mara Brawer, en el cual tratamos de dar reglas claras”, informa Herrera.

“Por ejemplo, si una pareja va a técnicas de reproducción, tiene embriones, el primero se transfiere, tienen un hijo. En el medio se separan, entonces la pregunta es ¿qué destino tienen? Porque son embriones de los dos, entonces ya antes de las técnicas de reproducción ese embrión debe tener un destino común”, explica.

“El proyecto de ley aclara que cuando son pareja, tienen que ponerse de acuerdo ambos integrantes previamente para un destino coincidente, para evitar que haya conflictos posteriores, porque los destinos pueden ser: el cese de la criopreservación, donarlo a la ciencia o a terceros, o para ellos mismos, porque el destino principal suele ser para posteriores tratamientos de la pareja”, detalla.

Ante la evidente dificultad de pensar de antemano destinos posibles, el proyecto de ley estipula que se prevén cinco años de silencio. Si luego de ese tiempo la pareja no manifiesta nada, la clínica debe notificarles que ha transcurrido ese lapso y, de no de haber comunicación alguna, se procederá a derivarlos para investigación científica "en beneficio de toda la comunidad", sostiene Herrera.

Mientras tanto, la situación permanece en un limbo.

"Hoy en día, como no hay reglas, es según lo que vayan pactando: algunos siguen pagando, pero con la pandemia y los problemas económicos varios dejaron de hacerlo. Hay embriones con más de 20 años de criopreservación, que no solamente no los va a usar nadie, sino que además con la cantidad de años probablemente hasta hayan perdido la posibilidad de desarrollarse", concluye. (Clarín)

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