Sociedad La Paz

Familia en estado de vulnerabilidad ganó un premio que administra la Justicia

El caso generó polémica en La Paz, donde la familia que padece discapacidades ganó 500.000 pesos. Tras la intervención judicial, el dinero es invertido en mejoras para vivienda.
El golpe de suerte de una familia de la ciudad de La Paz, derivó en una polémica en torno a la intervención de la Justicia en la administración del dinero que habían ganado. Se trata de una mujer con hijos mayores, en estado de vulnerabilidad y todos ellos con diferentes grados de discapacidad, que resultó acreedora de 500.000 pesos en un sorteo de una empresa que ofrece planes de ahorro. El hecho trascendió públicamente, por lo que llegó a conocimiento de la Defensoría y la Justicia de la localidad del norte entrerriano. Mientras en algunos medios y en redes sociales se mencionaba que les retenían y gastaban la plata, la documentación a la que accedió Uno evidencia que una parte del premio ya fue destinada a mejoras sustanciales de las condiciones habitacionales de la familia. El caso vuelve a plantear la discusión en torno a las circunstancias en las cuales el Estado tiene atribuciones para disponer de los bienes de las personas con discapacidad y conducir su destino.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación establece, entre otras cuestiones, que "las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona", y ordena que "la intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario".

En el grupo familiar paceño, ya habían sucedido otras intervenciones de la Justicia por causas de violencia, a raíz de problemas de salud mental de uno de los integrantes, donde también se observó la discapacidad de los demás. Por esto, ya había expedientes con informes que evidenciaban una situación vulnerable de la familia.

Una hija se había anotado en S.A. de Capitalización y Ahorro "New Plan Car", de la firma Multigol. Se trata de una empresa en la cual se pagan cuotas por determinado bien o por montos de dinero, y si un adherente sale sorteado adquiere el premio y no paga más la cuota. La mujer se suscribió a un plan de inversión en diciembre de 2019 por 500.000 pesos. Pagó seis cuotas y salió adjudicada en julio de 2020. Mientras que en febrero ya se había suscripto a otro plan de 600.000 pesos, actualmente en vigencia.

El premio por la primera suscripción tomó estado público, ya que integrantes de la familia habrían salido en medios locales como ganadores. Por esto, la Defensoría Pública de La Paz, a cargo de Martín Millán, analizó la situación y presentó un informe al Juzgado de Familia, en el cual solicitó la intervención para la administración del medio millón de pesos. El juez de Familia, Niños, Adolescentes y Penal de Menores de La Paz, Raúl Flores resolvió favorablemente, por lo que comenzaron las medidas para invertir el dinero a favor de la familia.

Se subrayaron varias cuestiones. Por un lado, que existieron diversas intervenciones disciplinarias sobre el grupo familiar, en las cuales se comprobó que todos ellos conviven en situaciones de vulnerabilidad, y la concreta dificultad para la correcta administración de dinero. Si bien se sostienen con pensiones por discapacidad, las condiciones de vida no eran suficientemente dignas.

De este modo, se solicitó una evaluación de un equipo interdisciplinario para administrar los bienes, específicamente el dinero del premio, para que no resulten perjudicados. Se pidió como medida cautelar que el dinero sea depositado en una cuenta judicial para evitar el despilfarro.

Así lo ordenó el juez, por lo cual se solicitó al Banco de Entre Ríos que se deposite el dinero en una cuenta judicial. Los profesionales que intervinieron y entrevistaron a la madre de la familia, analizaron una evaluación de psicóloga y psiquiátrica anterior, de 2017. Se reseñó una historia de abandono en las infancias, carencias educativas y discapacidades cognitivas de diferentes grados.

La mujer no tenía noción cierta de cuánto era el premio que había ganado su hija, ni comprendía la causa de la intervención judicial ante esa situación. Dijo que habían comprado muchos electrodomésticos y mobiliario, pero los mismos no se encontraron en la casa.

De este modo, en el proceso judicial se estableció como primera necesidad a cubrir con el dinero del premio, una mejora en las condiciones de la vivienda. Se dio intervención a la Municipalidad de La Paz, que elaboró un presupuesto y dispuso gratuitamente la mano de obra y el taller de herrería. En adelante, se irán evaluando otras inversiones, mientras parte del dinero fue colocado en un plazo fijo para que no pierda tanto su valor. (Uno)

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