Según la organización, los gobiernos nacional y provincial deben ampliar los fondos y la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra el fuego.
"Es necesario que se catalogue como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional, y se obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos ilegalmente desmontados o incendiados", señaló Giardini.
Consideró asimismo que "por otra parte, los gobiernos deben establecer políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes".
"Ante la actual crisis climática y de biodiversidad es urgente avanzar hacia un plan de Deforestación Cero", sostuvo.
Greenpeace señaló que los incendios forestales son una situación que se repite todos los años, y que se agrava por el cambio climático.
Los bosques se encuentran cada vez más amenazados por las quemas provocadas por fenómenos naturales y la actividad humana, ya sea por negligencia o de manera intencional, para desarrollo agropecuario e inmobiliario, indicó la organización.
NA
