Uno de ellos es Enzo Vignales, propietario de un campo en el distrito de Victoria. El viernes a última hora recibió la notificación de la justicia, convocándolo a prestar declaración el sábado por la mañana en Rosario. Así se enteró que su propiedad estaba incendiada, ya que desde 2018 abandonó la actividad ganadera y no tenía casi contacto con su establecimiento, al que a raíz de la bajante sólo se puede acceder a caballo.
"He tenido la desgracia de que en otros campos se inició un incendio y dada la sequía y la falta de agua en riachos y lagunas internas, que se han secado, ese fuego se trasladó hasta mi campo", indicó el propietario. Y remarcó que "no tenía conocimiento" del fuego en su propiedad. "Nos sentimos muy mal y muy perjudicados, somos alrededor de 12 a 15 dueños que ha salido a publicidad en medios todos nuestros nombres como imputados", agregó.
Vignales dijo que desde Paraná emitieron un exhorto para hacer un proceso sumarísimo en Rosario, donde él reside, que le fue entregado a las 22 horas del viernes 17. Tan de sorpresa lo tomó la situación que, dijo, "en ese juzgado me negué por derecho a declarar y espero hacerlo con un abogado penalista federal", lo que intentará hacer en la capital entrerriana. "Yo no me había enterado hasta que la justicia me citó", sostuvo.
Tercera generación de ganaderos en las islas, sobre el incendio indicó que "no lo tenía ni visto ni previsto que pudiera pasar", ya que la quema como práctica de manejo se realiza en otra época del año, más próxima a la primavera. A su entender, el fuego puede haberse iniciado por acción de "muchos turistas, cazadores y asentamientos en distintos campos que hacen que quizás se les escape un fuego; y ante la sequía que hay esto arde como un papel".
Al respecto explicó que, a tal punto la quema es una herramienta para los ganaderos de islas (sirve para limpiar de broza los campos y permitir el desarrollo de especies forrajeras nativas), que existe un protocolo de manejo mediante el cual el productor coordina su uso con las autoridades locales. "Esta zona está regulada desde Victoria; usted avisa y viene una brigada de personal; y los incendios son focalizados, es decir: un pedazo se quema en ese día, ellos indican cómo hacerlo en función de los vientos; se busca la forma de hacerlo de la mejor manera para que no afecte a la población", detalló.
"Nos vemos profundamente afectados", dijo, en nombre de los imputados cuyas identidades se hicieron públicas, causándoles un "daño moral", además de exponerlos al ataque de grupos ambientalistas que hasta amagaron con hacerle un escrache en su domicilio. A ello se agrega que existen "multas demasiado elevadas si uno llega a quemar sin la autorización". De todos modos, hasta que la justicia se expida se ven obligados a correr con los honorarios de un abogado que los defienda. "Estamos tratando de unirnos, por ahora a través de Whatsapp, y comunicarnos sobre los avances que tenga el proceso", agregó.
El propietario consideró que el fiscal que actuó de oficio lo hizo "con la premura política de la gente del gobierno de hacer cesar esos fuegos". Consideró que "no es la manera", sino que debieran existir "controles que haya de distintos organismos en la zona para que esos asentamientos y los cazadores y turistas tengan a resguardo cualquier fuego que quieran prender". (El Litoral)
