Sociedad Admitió que se negó a la ILE

Empezó el juicio al médico que se negó a practicar aborto a víctima de violación

Declararon el ginecólogo, la joven a quien forzó a gestar y las médicas que recibieron a la chica en otro hospital y le indicaron el traslado. Desde la fiscalía, lo acusan de negarle un derecho a la paciente a la que se negó a recibir.
Leandro Rodríguez Lastra, 43 años, es tocoginecólogo egresado de la UBA y está instalado en Cipolletti desde mediados del 2016. La mujer transitaba un embarazo de más de 5 meses. Se programó una cesárea y el niño fue dado en adopción. La mujer no lo denunció pero sí lo hizo una diputada provincial.
El médico ginecólogo acusado de impedir un aborto no punible en el hospital de Cipolletti a una joven víctima de violación, declaró en la primera jornada del juicio en su contra. Además, brindaron su testimonio la víctima y otras siete personas.
El juicio inició con la exposición de los hechos según los fiscales Santiago Márquez Gauna y Anabella Camporesi, quienes intentarán demostrar que Rodríguez Lastra interpuso su moral, su ética y su religión por sobre la ley.
Se negaron a recibirla
Afirmaron que la paciente, de 19 años, que había sido violada y quedó embarazada, contaba con el consentimiento informado y la declaración jurada para poder acceder a una ILE, pero que en el hospital de Cipolletti se negaron a recibirla en un primer momento. Luego, frenaron la interrupción del embarazo sin su consentimiento.
"Sacame esa cosa que tengo adentro", le había pedido la víctima al ginecólogo. La fiscalía aclaró que Rodríguez Lastra tuvo un claro objetivo, el de "obstaculizar la interrupción del embarazo, ya que suministró Indometacina y se negó a realizarle los controles médicos correspondientes".
Además, argumentaron que el médico no era objetor de conciencia y que tampoco quiso derivar la situación a otro profesional. "Derechos son derechos, señor juez", finalizó la fiscalía.
Iniciada por su cuenta
Por su parte, la defensa, a cargo de los abogados Torres y Chirinos, expuso que el aborto es irreversible por lo que la acusación sería incorrecta. Sostuvieron que la ILE está garantizada por la ley siempre y cuando intervenga un equipo médico, pero que la joven lo habría iniciado por sus propios medios.
Además, expresaron que el informe psiquiátrico es un requisito, más aún cuando se trata de una paciente con antecedentes. "Ella no inició un aborto por sus propios medios. Las médicas de Fernández Oro la llevaron con La Revuelta y le dieron dosis que no eran las correspondientes", afirmó Torres.
Su declaración
Luego, pese a que no está obligado, Rodríguez Lastra pidió declarar y solo aceptó preguntas de sus abogados. Relató los sucesos ocurridos en abril del 2017 y dijo que actuó según los protocolos médicos.
"No había aborto. Dijo que había tomado nueve pastillas de misoprostol en un lugar no médico. Para un embarazo avanzado, eso es mucho. Le expliqué que no se podía acceder a lo que ella quería (aborto). El feto estaba vivo y decidí inhibir las contracciones para evitar un parto que podría agravar el cuadro", declaró el ginecólogo.
"No quería vivir con eso adentro"
Tres de los testimonios clave fueron de las profesionales del hospital de Oro. Uno de ellos fue el de la directora de la institución, Mabel Raviola, quien confirmó que el deseo de la joven era acceder a la ILE. Dijo que había autorizaciones firmadas tal como exige el protocolo y que las médicas intentaron derivarla a Cipolletti pero que no fue aceptada. La psicóloga Viviana Cufré la atendió y le informó que en la provincia se cuenta con una ley de aborto no punible. Contó que la joven tenía una actitud de rechazo al embarazo y pedía interrumpirlo.

"Nos dijo que si no la ayudábamos iba a recurrir a otro lado, e incluso se iba a matar. Que no quería vivir con eso adentro", relató Cufré. Tras pedir vía telefónica la derivación, le respondieron que se necesitaba un informe psiquiátrico, a lo que respondió que no era requisito y que además no contaban con psiquiatras que lo hiceran. Dijo que le recomendaron contactar a La Revuelta porque ellas tenían información y experiencia. "Fue un error. Deberíamos haberla subido a una ambulancia y que los médicos de Cipolletti que no querían recibirla se hicieran cargo", expresó.
Apoyo religioso para el médico
Un grupo pequeño de agrupaciones religiosas armaron una carpa para acompañar a Rodríguez Lastra en el inicio del juicio. En la puerta del juzgado, sobre calle España, instalaron un altar con velas, la imagen de la Virgen María y una biblia. Un grupo musical, con panderetas y guitarras, cantó canciones religiosas. El médico salió a saludar y hubo abrazos y muchas fotos con su "héroe". Las organizaciones feministas decidieron no movilizarse.
Confirmó la denuncia contra el ginecólogo
La hermana, de 24 años, dijo que ella la acompañó al hospital cuando empezó con descomposturas y luego se enteraron de que estaba embarazada. "Ella no lo quería tener. Nadie quiere tener un bebé que no desea", dijo la joven en medio de una crisis nerviosa que ameritó la asistencia por parte del equipo judicial.
Luego, contó que una amiga le ofreció las pastillas para abortar, y que cuando la internaron le gritaba a Lastra "no quiero tener esta cosa acá", señalándose la panza.
La madre, por su parte, dijo estar muy enojada con el médico por su accionar, y contó que en ningún momento la quiso atender para hablar de la situación. "Él no quería interrumpir el embarazo, le dio medicamentos para que lo continúe. Les importaba solo el bebé, no la salud de mi hija, y lucharon para tenerla tres meses internada. Se salieron con la suya", expresó indignada la mujer.
Dijo que la única persona que la escuchó en ese momento fue la legisladora Marta Milesi, quien se puso a completa disposición de la joven y de su familia.
La jefa médica
Por último, brindaron testimonios el director del hospital, Carlos Lasry, y la jefa médica, Andrea Moreno. Lasry indicó que, tras la denuncia, Rodríguez Lastra firmó la objeción de conciencia al igual que otros ginecólogos del hospital. Afirmó que el protocolo no exige ningún informe psiquiátrico para acceder a la ILE y que la objeción solo permite no iniciar el procedimiento, no obstaculizarlo. En tanto, Moreno relató que una situación de estas características se debe informar a las autoridades de inmediato. Sin embargo, admitió que se enteraron ocho días después, cuando intervino la Justicia.
El caso
El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra está siendo juzgado por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por negarse a practicar un aborto a una joven que había sido víctima de una violación.
La joven, de 19 años, no era paciente del doctor Rodríguez Lastra, ni del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, Río Negro, donde éste es jefe del servicio de Ginecología. Esto ocurrió en abril de 2017. La mujer llegó, derivada desde otra localidad a la guardia del hospital, con fuertes dolores y declarando haber ingerido una droga abortiva proporcionada por una ONG.
Rodríguez Lastra corroboró que tenía 22 semanas y media de gestación (es decir, acababa de entrar en el 6º mes, según las tablas de conversión). El feto pesaba más de 500 gramos.

"Ella decía que le habían dado una pastilla abortiva, pero no en el hospital; se la dieron las integrantes de una red llamada de 'Socorristas', una agrupación feminista que asiste a mujeres que quieren abortar -dice Rodríguez Lastra-. Yo eso no lo podía tomar seriamente, no podía saber qué le habían dado realmente. Siendo un lugar clandestino, no podía averiguar qué droga había ingerido. El embarazo era de 22 semanas y media y el feto tenía 500 gramos. Las pastillas abortivas sirven para embarazos mucho menos avanzados; los otros presentan otras complicaciones", contó el médico a Infobae.
Una junta médica
El médico explica que su temor era que la mujer hiciera un síndrome de Mondor, o aborto séptico, por contaminación con una bacteria similar a la que produce el tétanos, algo frecuente cuando se hacen procedimientos en sitios que no cuentan con la debida asepsia. Se trata de un síndrome altamente mortífero.

Al día siguiente, una junta médica del hospital fue la que decidió fijar una fecha para una cesárea, cuando el bebé fuese viable, lo que se hizo a los siete meses y medio. Es decir que no fue una decisión exclusiva de Rodríguez Lastra sino de un equipo. El niño fue dado en adopción.
Todos los ginecólogos y obstetras del hospital de Cipolletti se inscribieron como objetores de conciencia. Con una sola excepción, lo mismo hicieron sus colegas del resto de la región, que abarca Alto Valle, Cinco Saltos, Catriel, Allen y General Roca. Fuente: (LMN ? LMC).-

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