Al parecer esta familia expuso fotos de la casa y solicitaba la suma de 400.000 pesos para su comercialización. Cabe destacar que en dicho barrio hay un total de 100 viviendas, las denominadas Casas Toyota que en 2016 fueron ensambladas para las familias que debieron abandonar sus antiguas casas, ya que se encontraban a orilla del río Uruguay y fueron alcanzadas por las inundaciones. Tras esta maniobra, desde el Estado realizarán un nuevo control para chequear a los verdaderos adjudicatarios de las viviendas.
"Apenas se tomó conocimiento de esta oferta, se realizó la denuncia penal contra las personas que fueron beneficiadas con esta casa. Esas viviendas están direccionadas al proceso de relocalización de familias de zonas inundables y tienen que ser utilizadas solo para ese objetivo", indicó María de los Ángeles Petit, asesora institucional del Ejecutivo.
Propiedad del Estado
Esta nueva barriada surgió de un censo de 350 familias y a estas 100 primeras las entregaron ya que estaban en lugares más urgentes, dado que se ubicaban en centros de evacuados. Aún resta la entrega de las otras 250. "Esas casas son propiedad del Estado, no son propiedad de las personas. Las personas todavía no fueron adjudicadas, desde el momento en que ingresaron tienen un acta de entrega y de cuidado del lugar donde están viviendo, dentro del programa de relocalización. Todavía no se ha comenzado con trámites de transferencias y adjudicación de esas viviendas, lo cual se hará una vez realizado todo el proceso de relocalización", aseguró.De esta manera las viviendas no pueden ser vendidas, tampoco transferidas "y en caso de que algunas de estas familias deseen irse de ese lugar, la casa debe ser ocupada por alguien que le sigue en el orden de adjudicación". Cabe destacar que estas familias no pagan ningún canon por estar habitando estas casas. "Ahora se va a hacer un nuevo control de ocupación y deben coincidir con los legajos de las familias que fueron censadas oportunamente y a los cuales se les entregó ese acta precaria", indicó.
Pena
Consultada si a esta persona le cabe alguna pena, dijo: "La denuncia que hicimos fue por estafa, porque el objetivo de la denuncia no está la pretensión de venta. En la conversación que esta señora tiene en privado, da a entender que tiene algún tipo de convivencia con algún tipo de personal municipal para que la transferencia de la carpeta se haga inmediatamente". No obstante, la denuncia fue radicada para también conocer las posibles conexiones que puede tener la acusada dentro de algunos estamentos municipales. Por otra parte se aclaró que no existe carpeta de adjudicación. Petit reconoció que la señora que intentó vender la vivienda, cuenta con antecedentes judiciales por otras causas.No se trata de la primera vez que tratan de realizar este tipo de maniobras, aunque en las anteriores oportunidades se pudo constatar que viviendas entregadas por el IAPV también eran promocionadas para la venta. "Con relación a las viviendas del IAPV, hay otro tipo de responsabilidad y de derecho, ya que se paga una cuota, mientras que en este caso son viviendas para familias que están en zona de relocalización de inundados. Forman parte de un programa especial, no pueden venderse ni transferirse porque la propiedad sigue siendo del Estado", detalló.
La funcionaria indicó que desde el municipio se intentó tomar contacto con la familia, pero no fueron atendidos cuando golpearon a la puerta. "Con este antecedente, en estos días vamos a realizar un nuevo control para saber quiénes están habitando estas casas y si coincide con la ocupación que se había constatado el año pasado, cuando se hizo la bajada de luz", dijo.
Respecto de si esta familia será desalojada, Petit expresó: "Vamos a esperar la resolución general de la estafa. Acá hubo una intención de venta, eso no es delito. El delito es cuando la venta se concreta. Vamos a tratar de tomar contacto con la familia y dejar en claro las cosas". Pero advirtió que si se dan casos similares, las familias podrían a ser desalojadas y ser entregadas a familias que están en condiciones de vulnerabilidad en zonas inundables. "Quien compre este tipo de viviendas, será desalojado", aseveró.
La vendedora
Mediante una cuenta de Facebook, la inscripción decía: "Urgente vendo por problemas de salud, debo viajar. Vendo casa Toyota, pesos 400 mil, soy titular. Cocina comedor y pieza grande con rejas en ambos ventanales de frente. Pieza grande, baño (excelente instalación con bañera incluida). Con instalación de dos piezas más a terminar por dicha empresa. Terreno amplio. Acepto vehículo modelo 2010 en parte de pago. Diferencia a mi favor".Respecto de ello, la directora del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (Invytam) Marina Peñaloza, indicó que "en la publicación no había ningún número de teléfono tampoco, el contacto era a través de Facebook y, tras la denuncia, lo borraron de Facebook porque se multiplicó la situación". Y agregó: "Si es un perfil falso de Facebook hay mala intención de alguien de hacer este tipo de cosas y tenemos que saber por qué lo hacen. Si realmente hubo un intento de hacer un negocio ilegal, encubriéndolo a través del anonimato que permiten las redes sociales mediante el uso de perfiles falsos, también queremos saberlo cuanto antes para evitar que esto pase".
