Sin embargo, a través de testimonios recogidos de los presuntos "testigos" y la compulsa de documentación, el fiscal Pedro Simón descubrió que los empleados falsearon estas declaraciones consignadas en los expedientes de la Anses y que permitieron otorgar al menos cuatro pensiones truchas, publica el diario El Liberal.
Es por ello que Simón acusa a los empleados César Ramón Herrera, María Marcela Serrano y Pedro Omar Cura, verificadores de la Anses, de los siguientes delitos: "Incumplimiento de los deberes de funcionario público atento el carácter de los imputados y la naturaleza funcional de sus infracciones a títulos de autores, defraudación a la administración pública a título de partícipes necesarios y falsedad ideológica realizado por funcionario público".
Además, solicitó la indagatoria de los tres empleados, medida que fue concedida por el juez federal Guillermo Molinari y que se concretará el próximo martes 10. "Contribuyeron a generar una legalidad o regularidad aparente de los expedientes administrativos en los que interviniendo, deviniendo a la postre un aporte necesario para que sean otorgados los beneficios de pensión derivada", sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal sobre la responsabilidad de estos tres empleados.
El caso salió a la luz a finales de abril y en cuestión de días se destapó una aceitada organización a través de la cual se otorgaban pensiones derivadas por falsos matrimonios, ocasionando un perjuicio millonario. Por la maniobra fueron procesados como los principales responsables Luis Paz, Marcos Sebastián Chazarreta, Graciela Estela Saad y César Luis Cortez
