A esa sanción, en el Boletín Oficial del 6 de noviembre se agregó la devolución de todo lo sustraído. Debe pagar $66.422,60 en la Tesorería del Ministerio de Seguridad.
El caso fue ventilado en la resolución 23, que data del mes de marzo pasado, pero que fue publicada recién ahora.
En los considerandos de esa resolución se indica que el 27 de junio de 2012 fueron sustraídos del móvil 2.403 una pistola Bersa Thunder con mira láser marca CAT, dos cargadores de 17 cartuchos cada uno, dos chalecos antibalas blancos y uno negro, tres cajas de cartuchos calibre 12/70 de 25 unidades cada una y cuatro cajas de cartuchos 9mm de cincuenta unidades cada una. El móvil estaba a cargo del comisario general Barroso.
Hubo una investigación
En julio de 2015 el comisario Barroso fue suspendido por 35 días: en el artículo 43 de la ley 6.722 se establecen los deberes del personal policial. En el inciso 21 se establece que los uniformados deben "velar por la conservación de los bienes del Estado y de los terceros que se pusieren bajo su custodia y reparar los daños que sufrieren por su culpa o dolo".Entonces se abría otra instancia, aparte de la suspensión. En la resolución se indica que la División Compras del Ministerio de Seguridad se informó que el costo de reposición de todo lo sustraído aquel 27 de junio de 2012 ascendía a 66.422,60 pesos.
Fue investigado
En aquellos días, Barroso no era comisario general, sino que fue ascendido por el decreto 2.238 firmado en diciembre de 2012 por el entonces gobernador Francisco Pérez. Ese decreto ascendió a más de 1.500 efectivos. Entre todos esos nombres aparece el del entonces comisario inspector Barroso Villalba, siendo promovido a comisario general.Es cierto que hasta que no culminase la investigación de la Inspección General de Seguridad y hubiera una sanción de la Junta de Disciplina, el investigado era inocente, pero es un dato que Barroso haya sido promovido con una investigación abierta que se podría considerar delicada. La primera sanción llegó en julio de 2015, cuando fue suspendido por 35 días.
El Boletín oficial de ayer vino a cerrar la historia, a medias. Se emplazó al comisario general Barroso a pagar los 66.422 pesos, pero eso sucedió en marzo pasado. En el último considerando de la resolución 23 se indica que se corresponde formular el cargo de reposición, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.
Ayer Los Andes quiso saber si el comisario general había pagado el costo de lo robado hace más de cinco años. No hubo respuesta.
