En el caso específico, la madre de un trabajador fallecido en un accidente laboral le reclamó a la ART la indemnización prevista por la Ley de Riesgos del Trabajo. El juez de primera instancia condenó a la ART a pagar $786.320,57. Pero no tuvo en cuenta las tarifas vigentes a la fecha del accidente, sino el reajuste que dispuso la Ley 26.773 (dictada en 2012).
La Sala X de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó ese criterio y el caso llegó a la Corte.
Ahora, con la firma de los jueces Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, y la disidencia del Juez Horacio Rosatti, el máximo tribunal sostuvo que la Cámara no dio un "tratamiento adecuado a los agravios de la aseguradora debido a una incorrecta lectura del fallo sometido a revisión" ya que los camaristas sostuvieron que correspondía confirmar el monto de "la acción civil ejercida por la actora".
Para la Corte, la Cámara omitió analizar los argumentos de la ART, que planteaba que las mejoras de la Ley 26.773 no eran aplicables al caso porque el accidente (en 2005) había sido anterior a su entrada en vigencia.
En otro caso, la Corte Suprema decidió que no le correspondía pronunciarse acerca de la validez constitucional del art. 17 de la Ley 26.773, que dispone que los reclamos por accidentes laborales planteados con fundamento en el Código Civil deben ser resueltos por jueces de ese fuero.
El trabajador de una obra en construcción reclamó ante la Justicia laboral por un accidente ocurrido en 2003. Pero los jueces laborales consideraron que no eran competentes para resolver ese reclamo porque estaba exclusivamente fundado en el derecho civil. La defensa del trabajador argumentó, entonces, que la Ley 26.773 eran inconstitucional
