Los abogados Marcelo Boeykens, Ana Lucía Tejera, Sofía Uranga y Santiago Bereciartúa -que representan a los hijos de Raquel Negro, a la asociación Hijos Regional Paraná y a Abuelas de Plaza de Mayo- presentaron un escrito para que el magistrado sea apartado porque consideran que incurrió en la causal de "prejuzgamiento" ya que, creen, adelantó opinión respecto del grado de responsabilidad que tuvieron los médicos en el plan de sustracción y sustitución de identidad de los mellizos nacidos en el Hospital Militar de Paraná en 1978.
Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), están acusados como partícipes secundarios de la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos durante la dictadura.
Los querellantes pretenden que el juicio se desarrolle con un tribunal colegiado, que debería estar integrado por los jueces López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, algo que fue desestimado por los magistrados. Pero después pidieron que el primero de ellos sea apartado, lo que tampoco tuvo acogida.
Ahora, los querellantes presentaron un recurso para que la Cámara Federal de Casación Penal determine si corresponde que intervenga López Arango. Como ya lo plantearon en su momento, "no puede soslayarse el carácter extraordinario del proceso en cuestión, ya que se trata de delitos cometidos en el marco de un plan sistemático de represión estatal, archi-reconocido como delitos de lesa humanidad por la Corte Suprema con la implicancia que ello conlleva" y por eso piden que el juicio se desarrolle con un tribunal colegiado, es decir, de tres jueces.
Unipersonal
El juez López Arango había resuelto actuar como tribunal unipersonal porque los hechos que se les imputan a los médicos del IPP tienen una pena máxima que no supera los quince años de prisión.
En el caso de los querellantes, les atribuyen a los médicos también el delito de desaparición forzada de personas respecto del caso del mellizo varón y señalan que ese tipo penal prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión y hasta prisión perpetua si la desaparición forzada resultare en la muerte de la víctima o ésta fuese menor de 18 años. De modo que no encuadraría en lo previsto para un juicio con un tribunal unipersonal.
Sin embargo, el juez López Arango, y luego el tribunal en pleno, consideró que no cabría imputarles el delito de desaparición forzada de personas e incluso recordó que esta pretensión "había sido motivo de pronunciamiento contrario en la causa 'madre'", en la que fueron condenados cinco militares como autores de la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos, "por razones de congruencia".
Los médicos acusados
Los médicos Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), están acusados como partícipes secundarios de la sustracción y sustitución de identidad de los mellizos durante la dictadura.
Concretamente, se les atribuye haber integrado la cadena de sustracción y sustitución de identidad de los mellizos por permitir su ingreso y permanencia en la sala de neonatología del IPP, donde estuvieron internados con nombre falso la niña (Soledad López) y sin nombre el varón (NN López).
Sabrina Gullino, la melliza, recuperó su identidad en diciembre de 2008; su hermano continúa desaparecido.
El juicio todavía no tiene fecha. (El Diario)
