El caso es sobre "la presunta explotación laboral de José Rivero -un joven de unos 30 años que padecería síndrome de Down- por parte de su madrastra Susana Arias y Norma Nolasco Chávez".
Según la investigación, ambas mujeres "bajo amenazas de no darle de comer lo obligarían a pedir dinero o vender golosinas en la esquina de Cuzco y Juan B. Justo, seis días a la semana, de 8 a 21".
La Sala VI de la Cámara del Crimen argumentó que ya se efectuaron las primeras investigaciones que establecen la posibilidad de que el hombre con síndrome de Down sea víctima de trata de personas.
El código penal establece que "serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad, y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados".
