Política Solicitada

Guillermo Mulet: "No ofende quien quiere, sino quien puede"

El abogado Guillermo Mulet, Jurado Técnico del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, se refirió a la apertura del Jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, por supuesto mal desempeño de funciones.
El abogado Guillermo Mulet es Jurado Técnico del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Es uno de los promotores de la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra el Procurador General y la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Jorge García y Cecilia Goyeneche, respectivamente.

En ese sentido, se refirió a la apertura del Jury a Goyeneche por supuesto mal desempeño de funciones. Seis jueces votaron a favor de abrir una causa y solo uno votó en contra. Resta definir si durante el proceso, se aparta de sus funciones a quien secunda al procurador general, Jorge Amílcar García, dado que sobre esta cuestión no habrá pleno acuerdo.

Al respecto, expresó: "Desde hace algunos días se viene escribiendo sobre un supuesto complot para asegurar la impunidad del ex Gobernador y actual Embajador, Sergio Urribarri, en tanto se produciría la apertura del Jury de Enjuiciamiento a la Dra. Cecilia Goyeneche, actual Procuradora Adjunta en funciones de Fiscal Anticorrupción de E. Ríos, quien según algunos sería tan imprescindible en la lucha contra la corrupción y las mafias, que si metiera sus manos en balde lleno de agua dejaría huellas.

Algunos fundamentan sus sospechas, porque los miembros del Jury que votaron en el proceso de apertura fueron nombrados por gobiernos justicialistas o son justicialistas. A ellos les informo, por si acaso, que tanto Jorge García, nuestro Procurador, fue designado por el gobierno justicialista de la mano de José Carlos Halle, siendo Gobernador Jorge Pedro Busti, como que la Sra. Goyeneche, ingreso a la función judicial también en épocas de gobierno justicialista, aunque por concurso ante el CM y donde uno de los Jurados Técnicos - que le otorgó el más alto puntaje-fue el Dr. Rubén Pagliotto, a quien hoy muchos convidados de piedra consideran su enemigo, aliado a los funcionarios y funcionarias que están siendo juzgados por graves actos de corrupción.-.

Otros, entre ellos los propios acusados o denunciados, ven un furibundo ataque a las instituciones, al servicio de justicia, a su valentía y osadía de llevar adelante las causas de corrupción en la provincia, cuando a decir verdad en todos estos años desde que Urribarri dejó el poder sólo han juzgado a “perejiles”, como que en la mega causa de los Contratos truchos en la legislatura, no existen imputados y remitidos a juicio más que personajes de tercera y cuarta línea. Porque convengamos en algo sensibles defensores de sendos Procuradores denunciados: Juan Pablo Aguilera tiene el gran (y creo que único) “mérito” de ser el cuñado del ex gobernador. Después, por precisas y expresas directivas del Procurador General, quien lo ha dicho públicamente, han separado o escindido la causa en una suerte de capítulos, lo que ha permitido que ningún vice gobernador, presidente de la Cámara de Diputados o legislador de alguno de los cuerpos legislativos (Senadores o Diputados) sea siquiera citado a declarar, bajo la promesa, incierta y lábil, que en el futuro lo harán. Ello así, además de ser un argumento falaz que esconde una suerte de pacto de impunidad, luce como un galimático despropósito procesal, que habilitaría, sin dudas, a que los defensores de los nuevos imputados, enarbolen planteos que seguramente tendrán favorable acogida por instancias superiores.

La Constitución Provincial, ley fundamental de Entre Ríos, establece claramente que los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado, de los municipios y de las comunas, sirven exclusivamente a los intereses del pueblo. Deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética pública, la que constituye un valor social que hace a la esencia del sistema republicano. Cosa que los miembros del Ministerio Público Fiscal denunciados ante el Jury parecen olvidar, ubicándose en una intolerable posición de privilegio, donde cualquier denuncia y/o investigación dirigida a ellos debe leerse o interpretarse como un ataque al Poder Judicial y, muy especialmente, a la función investigativa del Ministerio Público Fiscal, titulares de la acción penal. Pues bien, deben o deberían entender –de una vez y para siempre- que todos somos iguales ante la ley, aunque según ellos –eso se colige o barrunta de sus mensajes- unos son más iguales que otros.-

El vivir y convivir en un Estado Constitucional de Derecho, implica no sólo someterse y respetar las normas, sino también permitir que funcionen cabalmente las instituciones de la República y velar por el irrestricto cumplimiento de las mismas. No caben dudas a este respecto, de que quien suscribe estas líneas si comete un delito debe ser juzgado por la justicia penal ordinaria; si cometo una falta de tránsito, por un juez de falta y eso es de esta manera, justamente, porque así se organiza una sociedad, en beneficio de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

Pues bien y dicho lo cual, si el Procurador o la Procuradora adjunta cometieron una falta o no cumplieron acabadamente con sus deberes, pueden y deben ser sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, porque así lo manda la Constitución y las leyes reglamentarias. Luego se verá, si es culpable o inocente.

En nuestro caso, tenemos la más plena convicción, que no nos equivoquemos, pues no se trató de un simple error, de una equivocación, de la que nadie está exento y que forma parte de la condición humana. Aquí existió una conducta dolosa, deliberada, de callar una relación entre imputado e investigadora que generaba una objetiva incompatibilidad, y luego una segunda (in) conducta de negar expresamente los hechos que daban pábulo a esa cuestión que debilitaba el deber inexcusable de objetividad y generaba temor de parcialidad, con el mayúsculo e inexcusable agravante que ello se realizó y tuvo lugar ante una audiencia pública, que además quedó videograbada oficialmente, formando parte del legajo de la investigación penal preparatoria.

Nada hubiera pasado, absolutamente, si la Sra. Procuradora Goyeneche hubiera reconocido antes de que se lo enrostren desde las defensas de los imputados, ser condómina de dos propiedades, cobrar conjuntamente un alquiler con uno de los imputados y apartarse oportunamente de la investigación. Tampoco se trata de “machismo” el hecho de señalar la amistad de su esposo con algunos de los imputados de la causa “Contratos Truchos”, que sería suficiente a mi entender –poniéndome en su lugar- para apartarme de la investigación, pero de ninguna manera por ser el macho alfa, sino porque lo haría a la inversa en caso de que mi esposa estuviera relacionada con imputados que debo investigar. Sí interesa y mucho, que no solamente habría sido amigo de los imputados, sino que prestaba sus servicios profesionales en el mismo estudio contable que se utilizó para perpetrar la mega defraudación. Sí interesa y muchísimo, el trato intimidatorio y violento que le propinó al cadete que tuvo el tupé de mencionar que el cónyuge de la Sra. Procuradora trabajaba en el mismo estudio contable y de describirlo físicamente ante una pregunta de la propia Dra. Goyeneche, en audiencia también videograbada. También se trata del distinto y ostensiblemente discriminador trato brindado a los imputados de la causa, pues todos aquellos que no integraron el estudio contable de esposo sufrieron prisión preventiva, mientras coimputados por los mismos delitos, pero que pertenecían al Estudio Contable que integraba su marido, transitaron el proceso en uso de la libertad; y aclaro, por las dudas algún progre de ocasión pretenda redoblarme la apuesta, que no estoy de acuerdo con las prisiones preventivas indiscriminadas y como adelantos de pena; aunque la súper fisca, algunos son más merecedores que otros.-

Suponer que nosotros junto al Dr. Rubén Pagliotto pretendemos beneficiar a los corruptos o a las mafias, es de una estupidez supina nunca vista. Fuimos nosotros y no los susceptibles Procuradores denunciados ante el Jury, quienes instamos la mayoría de las denuncias en contra de estos personajes desde por lo menos los años 2012/2013, mientras el Procurador General miraba para otro lado y se hacía el desentendido. Tómense los propios denunciados y su claque corporativa de aplaudidores de hacer un análisis de quiénes formularon – en soledad- la mayor cantidad de denuncias por supuestos actos de corrupción en la Provincia y fuera de ella, desde la causa contra el Jardinero Presidencial Barreiro, las cosechadoras truchas a Angola del Grupo Senor, hasta denuncias contra Urribarri, Cardona Herreros, Vitullo, Cierre Norte Eléctrico y Gasífero, Mesa de Dinero en el Senado Provincial, Irregularidades en los Planes de Viviendas, Expedición de Títulos de nivel secundario, sobreprecios en la trama vial de varios municipios entrerrianos, Sidecreer, Dádivas a favor de Urribarri por parte de los dueños de Canal 9; contra Pietroboni, Cristina F. de Kirchner, Julio De Vido, José López y otros por el sobreprecio en la obra pública vial, los retornos (coimas) y facturas apócrifas para simular gastos inexistentes, incluso los amparos contra la misma Procuración por su cerrazón sistemática a entregar información pública no publicada, apelando a excusas berretas y de baja factura intelectual.-

Fue el Dr. Rubén Pagliotto, por si no lo recuerdan, quien sufrió el alevoso ataque a su estudio jurídico de calle Laprida, en un claro e inequívoco mensaje mafioso. Pero también fuimos nosotros y no los egregios Procuradores, los que tuvimos que demostrar mediante experimentados Peritos de la Policía Científica de Córdoba primero, y después por los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la pericia hecha por la Policía de Entre Ríos y coordinada por el MPF, era falsa en cuanto determinaba que el estudio había sido abierto desde adentro, en una suerte de escena armada (auto atentado) y no como finalmente se determinó por ambos estamentos de expertos, que fue un acto criminal.-

Se trata señores Procuradores y defensores de los mismos, de respetar a rajatabla el Estado de Derecho, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas legales y de que aquellos que se aparten de ese camino paguen las consecuencias, sean estos particulares, funcionarios públicos, jueces o fiscales, permitiendo el limpio y libre juego de la instituciones creadas a tal fin.

Ahora resulta que ambos letrados somos parte de un plan maquiavélico para generar miedo en los fiscales, jueces y funcionarios judiciales y consolidar la impunidad en Entre Ríos de corruptos y mafiosos, y tras cartón, que lo haríamos por las enormes deudas que tenemos con los corruptos o por grandes favores debidos.- Por favor colegas magistrados, fiscales, defensores y opinadores varios, a veces la soberbia es la peor consejera, aunque la imbecilidad humana, tiene resultados fatales. La combinación de soberbia e imbecilidad es un cóctel peligrosísimo con resultados deletéreos inimaginables.- O está de acuerdo con mi postura o formás parte de la matriz de corrupción, según el criterio de mi amigo (o ahora ex) periodista.

Como un obiter dicta, sin pretender auto referenciarnos, pero sí necesariamente para refrescar la memoria de olvidadizos y olvidadizas: el suscripto tiene querellado al ex gobernador y actual embajador en Israel y Chipre por calumnias e injurias y el Dr. Rubén Pagliotto, representa a una de las víctimas del Ex Diputado y titular de UPCN, José Ángel Allende, impidiendo que se celebre el juicio abreviado, por entender que eso era una bicoca punitiva para un peculador y amenazador serial, contrariando la postulación de los Procuradores García y Goyeneche, empeñados hasta el empalagamiento en hacer zafar al mandamás sindical a cambio de una pena en suspenso y la entrega de una mísera parte de los fondos saqueados durante años al erario provincial.- Esa sugestiva obstinación por un juicio abreviado, terminó de deslegitimar la actuación del MPF, que cumplió más el rol de defensor de Allende que de acusador público, en una causa que tiene acumulados delitos gravísimos como son amenazas de muerte al Periodista Martín Carboni y a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, con negociaciones incompatibles y enriquecimiento ilícito.-

Recuerdo como si fuera hoy, una frase que un destacado profesor de derecho evocaba siempre en sus magistrales clases: “Que los lobos reclamen por su libertad, se entiende. Pero que los carneros le hagan el coro, sólo demuestra una cosa: que son CARNEROS”.

La independencia y objetividad en la función judicial son valores que deben ser irrenunciables y defendidos a capa y espada, aun cuando se caiga en la ingrata tarea de denunciar a los funcionarios que no cumplieron con sus deberes, mal que les pese a quien sea, y el supuesto temor que genere ese hecho, de la denuncia y su juzgamiento en magistrados y funcionarios, no puede ser óbice para llevar adelante tal tarea. No se trata de que los jueces o funcionarios no puedan sentir presiones o miedos, sino de que éstos están obligados a fallar conforme a derecho más allá de sus temores o cualquier otra presión; y por ello gozan de los privilegios y la protección que le da la Constitución y las Leyes. ESO SÍ, MIENTRAS DURE SU BUENA CONDUCTA".

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