De esta forma, el máximo tribunal no le hizo lugar a la avocación que pretendía la Dra Servini y aplicó un criterio de una resolución del año 2015, en la cual le reconoce plena autonomía a la Cámara para reglamentar todo lo atinente al proceso electoral.
La magistrada había señalado en sus quejas que las medidas, acordadas y resoluciones de la CNE representaban "una intromisión en las tareas y facultades propias de los jueces federales con competencia electoral", señala la resolución fechada este jueves.
"La Cámara ha pretendido extender el ámbito de sus funciones por sobre la autonomía de los jueces nacionales electorales de primera instancia asumiendo como propias facultades que la norma no le asigna, específicamente en cuanto a la organización de los actos electorales y la respuesta sobre los reclamos ciudadanos", indica el texto.
La resolución no revista un problema en la relación entre ambas partes, ya que la CNE y los 23 jueces electorales de primera instancia restantes no presentaron rechazos a los protocolos dictados ni a las medidas para fortalecer la transparencia, aseguraron fuentes en el organismo.
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