Los judiciales fueron a la huelga los días 18 y 25 de agosto, y 1°, 2, 8 y 9 de septiembre. El reclamo de los trabajadores de la Justicia se inició tras conocer el texto del decreto N° 1.805, del 15 de julio último, a través del cual el Gobierno dispuso un aumento de salarios del 8% sobre los haberes de febrero “al Escalafón Judicial y del Tribunal de Cuentas”. Mario Brmusak, secretario general de AJER, indicó que el reclamo apunta a lograr que el Poder Ejecutivo reconozca la diferencia salarial que se originó por aplicación de la Ley de Emergencia Solidaria -aprobada por la Legislatura en julio de 2020 y con vigencia hasta junio de 2021-, norma que suspendió la actualización salarial de los judiciales según la Ley de Enganche.
El 26 de octubre de 2011, la Legislatura sancionó la Ley N° 10.068 que estableció que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional,, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente”.
Es lo que se conoce como Ley de Enganche Salarial. La vigencia de la Ley de Emergencia Solidaria, que la Legislatura sancionó en julio de 2020 y que tuvo vigencia hasta junio último, dejó en suspenso la aplicación de esa ley y por tanto los salarios de los judiciales fueron resueltos por el Poder Ejecutivo. Pero sin Ley de Emergencia, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) salió a alertar que la Ley de Enganche sigue suspendida, y por eso resolvieron ir al paro en los Tribunales de la Provincia, publicó Entre Ríos Ahora.
“El reclamo nuestro está basado en la plena vigencia de la Ley de Enganche. El Gobierno se había comprometido que, una vez finalizada la Emergencia, se iban a equiparar los porcentajes de los aumentos que otorgó la Corte Suprema de Justicia durante ese período, restándole lo que otorgó el Gobierno provincial. O sea, reclamamos la equiparación de porcentajes”, explicó el titular de AJER.
