"Los empresarios tiene la obligación de pagarnos lo que nos correponde y si no tienen los recursos, que los vayan a buscar", agregaron en un comunicado.
De esta forma, buscan meter presión para que apenas finalice la conciliación, se les presente una oferta salarial.
En medio del extenso conflicto salarial, la cartera laboral la semana pasada decidió suspender la audiencia a la que había convocado para sentar en un mesa al sindicato y las empresas del sector.
Sucede que Trabajo señaló que primero debía abocarse a solucionar los problemas de financiamiento de clínicas y sanatorios, agravados por los gastos de la pandemia, que alegan no poder pagar el aumento salarial solicitado.
De esta forma, el Gobierno consideró que hasta que no destrabe el problema económico de los prestadores privados, que piden que les habiliten un aumento de sus aranceles para poder pagar las subas salariales, no tiene sentido llevar a cabo la audiencia.
Esta decisión cayó mal en el gremio que representa a enfermeras y camilleros, ya que implicaba que la resolución del conflicto iba a demorarse.
Ese día, Sanidad advirtió en un comunicado que no aceptaría "más dilaciones ni demoras", ya que los salarios del sector "se encuentran vencidos y se han depreciado considerablemente por la inflación".
El sindicato reclama por un aumento salarial del 43% y 45%, es decir ubicado en la nueva pauta por la que ya firmaron otros gremios.
NA
