La norma, que fomentará el desarrollo de la cadena productiva y generará 10.000 puestos de trabajo en el corto plazo, recibió 56 votos a favor, 5 en contra y una abstención.
Entre los objetivos se busca establecer un marco legal que autorice -a través de un fuerte esquema regulatorio- las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica.
Al abrir el debate como miembro informante del oficialismo, el senador y titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, el puntano, Adolfo Rodríguez Saá, destacó la potencialidad de cáñamo industrial y explicó: “El cáñamo era legal y se producía en nuestro país, pero la dictadura hizo clandestina a una actividad que en el mundo está aceptada. Estamos sacando esa prohibición".
Acto seguido, el senador radical, Mario Fiad, hizo referencia a la experiencia de su provincia, Jujuy, con el cannabis medicinal, y mostró su apoyo al impulso que se le quiere dar a la actividad". "Jujuy ha liderado con su emprendimiento los programas de producción e investigación del cannabis con fines medicinales", subrayó.
Por su parte, la senadora del Frente de Todos, Silvina García Larraburu, indicó: "Este proyecto genera mucha alegría y también esperanza porque vamos a estar consagrando derechos y dando posibilidades en este difícil contexto de pandemia. Estamos creando y regulando un nuevo mercado desde un anclaje basado en la salud pública".
En el mismo sentido, la senadora oficialista, Eugenia Catalfamo, puntualizó en la cuestión de salud. "Esta iniciativa genera una oportunidad única, constituye un verdadero triunfo para todos los argentinos y argentinas. La propuesta busca mejorar la salud y la calidad de vida de aquellas personas que requieren del tratamiento medicinal del cannabis", explicó.
En tanto, la legisladora radical, Pamela Verasay, planteó algunos cuestionamientos al proyecto y criticó su falta de "federalismo". “El marco regulatorio que se está proponiendo para la industria del cannabis está tomando funciones que pueden desarrollar las provincias, que tienen facultades para regular y reglamentar sus actividades económicas”, advirtió.
En el mismo sentido, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, pidió “sacar de la clandestinidad al cultivo de cannabis, regular el cannabis medicinal y tener control de la producción de cáñamo". Sin embargo, consideró que "este proyecto viola la Constitución sobre facultades provinciales: la producción agropecuaria de manera masiva”.
También en sentido contrario al proyecto, el senador por Río Negro, Alberto Weretilneck, argumentó que la marihuana es "mucho más dañina que el alcohol y que se trata de una droga de inicio". "No hay ninguna agencia en el mundo que haya aprobado a la marihuana como un medicamento", alertó.
"Yo no estoy de acuerdo en sumarme a ese mensaje de que la marihuana no tiene impacto negativo en las personas. La marihuana ya ha sido calificada como perjudicial y dañina, algunos hablan de cannabis para que parezca una versión atenuada", se quejó.
Como última oradora, la mendocina del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, aseguró que "este marco regulatorio nos va a permitir a todas y todos aprovechar la gran potencialidad que tiene el cannabis en todas sus variantes y en varias áreas del desarrollo humano, no sólo desde el punto de vista productivo, medicinal, sino también ecológico".
La ley también propone fomentar los proyectos de inversión pública, privada o mixta en los distintos segmentos de la cadena sectorial del cannabis medicinal.
La iniciativa del PEN contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas.
Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que tal como se establece en el artículo 4° del Proyecto, tendrá autarquía técnica, funcional y financiera; orbitará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional.
Entre sus funciones centrales, estará regular el funcionamiento de la cadena del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones que para ello emita y coordinar las acciones necesarias con el resto de las autoridades públicas competentes.
