El pedido había sido realizado formalmente por los defensores de algunos de los imputados. El fallo, establece que es jurisdicción de la Justicia Electoral Federal tramitar el expediente debido a que los fondos supuestamente desviados habrían ido a la financiación de las campañas de los partidos políticos, ámbito de competencia federal.
Presunto desvío de fondos
El Juez resolvió hacer lugar al pedido que habían presentado un grupo de abogados defensores de los acusados y declarar “la procedencia del fuero Federal y la competencia del Juzgado Federal N° 1 de Paraná (con competencia electoral) para entender en los hechos investigados en la causa”, denominada “Beckman”, donde se investiga el presunto desvío de fondos de la Legislatura a través de contrataciones ficticias.Alonso requirió a la jueza Barbagelata la remisión del expediente para que su tramitación continúe en el fuero federal. La decisión está fechada este miércoles 9 de junio y ya fue comunicada a las partes, por lo que será cuestión de horas que la magistrada provincial tome nota de la definición.
El juez que resolvió la competencia federal en el caso subrogó a Ríos, quien fue recusado por las defensas de los imputados. La Cámara Nacional Electoral hizo lugar al planteo y giró la resolución a Alonso, quien al recibir la petición pidió al Tribunal que lo confirme, obteniendo una ratificación.
El Ministerio Público Fiscal de la provincia había solicitado hace unos días la elevación de la causa a juicio, después de tres años de investigación.
Detalles de la causa
El periodista Federico Malvasio, responsable del sitio Página Política, dialogó con Elonce TV y dio los detalles de la resolución judicial. “Esta causa estaba siendo investigada por la Justicia de Entre Ríos y de hecho, los fiscales cerraron la instrucción e hicieron la solicitud para que la causa se eleve a juicio. Pero un grupo de defensores de los imputados, entendieron que el hecho investigado no era penal, sino que el desvío de los más de mil millones de pesos con contratos en la Legislatura, fue utilizado para la política, para hacer campaña política y por lo tanto, debía ser investigado por la Justicia Federal, que no es solamente Justicia Federal, sino que también es Justicia Electoral, ya que el dinero, había sido utilizado en cuestiones políticas”, explicó.Malvasio consideró que tal hipótesis, “es una lectura bastante tirada de los pelos, porque yo creo que se trata de un tema penal lo que se está investigando”, afirmó a Elonce TV y agregó que “lo cierto es que los defensores de las personas imputadas tienen la obligación, pedida por sus clientes, de frenar la causa, de dilatarla y una de las estrategias, era, conseguir que la Justica salga de Entre Ríos para que se investigue en la Justicia Federal, es decir, para que se investigue un delito electoral”, sostuvo el periodista.
Tal estrategia de los abogados de los imputados, obtuvo un aval este miércoles. “Eso sucedió hoy, cuando el juez federal, Daniel Alonso, declaró la competencia de la Justicia Federal y electoral. Es decir que hoy, estamos ante un caso federal/electoral y ya no en la justicia provincial, como venía siendo desde el comienzo de la causa”, remarcó Malvasio.
"Freezar la causa"
Al ser consultado por Elonce TV sobre el retraso que tendría la causa al pasar al fuero federal, Malvasio consideró que “uno sospecha, cree o intuye, que la Procuración General (el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos) va a apelar la resolución del juez Alonso y será la Corte Suprema de Justicia, si se tiene que investigar en el fuero federal o en el provincial. Esto va a llevar tiempo y por supuesto, uno puede decir, que va a llevar bastante tiempo”, estimó el periodista y agregó: “esta causa, que había retomado un cierto ritmo, se va a freezar. Esta es la sensación que uno tiene, y que advierte ante hechos que han sido bastante parecidos”, sostuvo.Sin embargo, Malvasio reiteró que “es muy probable que el Ministerio Público Fiscal, apele la resolución de Alonso y lo tendrá que resolver la Corte Suprema de Justicia. Yo diría que es muy probable que la última palabra la tenga el máximo tribunal de justicia de la Nación”, dijo a Elonce TV.
“Polémica elevación a juicio”
El periodista Federico Malvasio, responsable del sitio Página Política, consideró que “la elevación a juicio de la causa fue muy polémica porque de los 32 imputados, ninguno de ellos, es un legislador y tampoco un dirigente político de cualquier espacio”, remarcó a Elonce TV y agregó que “es polémico porque el presunto desfalco se hizo en la Legislatura, donde está la representación política. Incluso, muchos actores judiciales, vieron esa elevación a juicio, como la decisión de imputar a `perejiles´”, describió el cronista.
“Esta causa, que podía llegar a ser parte de la campaña electoral de cara a las Legislativas, es como que queda en un limbo. Creo que muchos dirigentes políticos, en su fuero íntimo, claramente, deben estar agradecidos por lo que sucedió hoy (la resolución del juez Alonso), porque probablemente, esta causa termine en la Corte Suprema y todos sabemos, que cuando las causas llegan allí, pasa mucho tiempo para que la Corte resuelva una cuestión provincial, en este caso de Entre Ríos”, dijo Malvasio a Elonce TV y estimó que “quizás, se demore dos años”.
Fundamento del magistrado
El Magistrado centró su decisión en la documentación aparecida en octubre de 2019 que obligó a reveer la decisión anterior del juez federal Leandro Ríos, de rechazar el pase de la investigación al fuero federal. “La documental agregada formalmente a la investigación por parte del Ministerio Público de la jurisdicción Ordinaria sugiere, con elevado grado de probabilidad la investigación de cuestiones reservadas en forma exclusiva y excluyente por la normativa federal a la jurisdicción de la Justicia Nacional Electoral, al comprometer severamente la financiación de los Partidos Políticos en su intervención en diversas campañas, hechos que no desparecen con la aprobación administrativa por parte de la Justicia Electoral en los supuestos de eventuales delitos”, consideró Alonso.
La documentación referida está compuesta por anotaciones realizadas por el acusado Hugo Mena, donde figuran presuntas transferencias y retiros de fondos por parte de diversas personas del ámbito político para cubrir gastos de campañas. Son 26 hojas que se dejaron en la puerta del estudio jurídico del abogado Milton Urrutia y que, mediante pericias, se logró comprobar que eran de puño y letra de Mena.
Este hecho nuevo “denunciado y la documental y demás prueba producida con posterioridad desplazan tal razonamiento (el que había aplicado antes Ríos) por resultar en forma diáfana del estado actual de la investigación, que el posible destino y/o la aplicación del producto o provecho del delito investigado, habría sido derivado a la actividad político-partidaria para su aplicación a las campañas llevadas a cabo en forma conjunta por la Jurisdicción Nacional y Provincial cuyo control de legalidad se encuentre expresamente a cargo de la jurisdicción especializada atribuida a este Juzgado Federal con competencia electoral”, abundó Alonso.
