Ese protocolo se implementó para asistir a las familias que como consecuencia de las dificultades económicas originadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), no pueden afrontar los costos de alquiler.
La cartera informó que el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, mantuvo una reunión con representantes del Consejo Nacional de la Vivienda (CNV), para analizar la implementación de las medidas.
En esa reunión definieron los criterios para la implementación del cupo que poseen las unidades ejecutoras con el fin de disponer de unidades para los hogares que requieran soluciones en el marco de ese Protocolo.
Tras el encuentro, el presidente del Consejo Nacional de la Vivienda (CNV), Augusto Du Bois Goitia, afirmó que "desde los institutos de vivienda provinciales estamos dispuestos a apoyar y acompañar la implementación del protocolo para dar soluciones a las familias más vulnerables".
El ministerio informó que en la reciente apertura de inscripción para desarrollo urbanísticos de Procrear se estableció también que una cantidad de las viviendas sorteadas sea destinada a inquilinos con problemas de desalojo.
Scatolini también puso en marcha la firma de convenios de cooperación con el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la AFIP como organismos clave para la sistematización de información relacionada con los procesos alcanzados por el Protocolo.
La AFIP ya habilitó para los inquilinos la declaración voluntaria de los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles Alquileres (RELI), incluyendo aquellos firmados previo a la sanción de Ley de Alquileres en 2020.
El funcionario se reunió también con la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Marcela Pérez Pardo, para establecer mecanismos de cooperación a partir de la información de los procesos de desalojo que se tramitan a través del organismo, informó el ministerio.
