“Hoy avanzamos en el establecimiento del derecho a la educación ambiental como una política pública nacional, con una estrategia transversal que fomenta cambios significativos en el sistema educativo, en la construcción de ciudadanía, en las vidas cotidianas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestra alimentación y en la matriz productiva”, aseguró la Legisladora nacional. “Son definiciones y acciones integrales que apuntan a transformaciones cotidianas que mejoran el horizonte de futuras generaciones”, añadió.
“Estos nuevos tiempos a nivel mundial nos interpela en el trabajo legislativo y en las acciones que venimos sosteniendo y desarrollando desde la Comisión de Educación”, apuntó Osuna. “Se trata del compromiso, la planificación y la ejecución de acciones que apuntan a cambios culturales estructurales, gestando nuevos hábitos, donde la educación y la escuela tienen roles medulares”, añadió.
“La legislación aprobada sostiene que la Educación Ambiental Integral es un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyen y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”, detalló Osuna . “Esta ley que aprobamos, con una clara decisión del Gobierno nacional, da pasos imprescindibles en un desarrollo sostenible y un futuro sustentable”, anadió.
“Este proceso que la ley alumbra en estas definiciones, debe apoyarse en la sustentabilidad como proyecto social, en el desarrollo con justicia social, en la distribución de la riqueza, en la preservación de la naturaleza y la igualdad de género, en la participación y en la diversidad cultural, con un equilibrio que es crucial entre las dimensiones sociales, ecológicas, políticas y éticas sobre nuestra de habitar nuestra casa común”, puntualizó la Diputada nacional de Entre Ríos..
La Presidenta de la Comisión de Educación recordó que de manera reciente fueron tratadas y aprobadas leyes “como la que respaldó el Acuerdo de Escazú (Ley N°27566), o la Ley Yolanda Nº 27592, que establece la capacitación de trabajadoras, trabajadores y funcionarios de la administración pública nacional en materia ambiental. Entonces, con esta nueva ley, además de establecer al derecho a la educación ambiental, también aportemos a que las herramientas de gestión pública contribuyan a la coordinación necesaria entre quienes son responsables en materia de políticas educativas y políticas ambientales”.
Puntualizó que la ley “tiene referencias a los antecedentes legislativos y legales que la Argentina cuenta, como la Constitución Nacional en su artículo 41, o la Ley General de Ambiente en su artículo 8, o la Ley de Educación Nacional en su artículo 89. Y después el conjunto de leyes que hacen al abordaje integral de las problemáticas ambientales, como el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, de Residuos Domiciliarios, Bosques Nativos, Glaciares, Manejo del Fuego, Tratados y Acuerdos internacionales, en todo un plano conceptual que tiene la Ley”. Además, destacó que “genera herramientas concretas para la articulación, vinculación y coordinación y describe formas de gestión, como la estrategia nacional de educación ambiental integral y la estrategia jurisdiccional y de trabajo con las universidades”.
“Estamos hablando de procesos y mecanismos transversales, de la responsabilidad de la formulación de programas nacionales para alumnos del sistema educativo, para la formación docente inicial y continua, lineamientos para la formación científica y tecnológica, capacitación de agentes según la Ley Yolanda y la responsabilidad de generar publicaciones con trabajo de un enfoque no formal y con participación en un Consejo Asesor”, manifestó Osuna, en la presentación de la ley durante la Sesión de este sábado.
“En un momento donde hay una gran turbulencia provocada por una crisis que no elegimos, más la crisis que heredamos, accionamos en un camino de reconstrucción, a partir de la decisión de Alberto Fernández de restituir esa categoría de gestión, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, señaló Osuna. “Estamos a las puertas de un avance importante, que recupera todos los antecedentes y la historia de organizaciones sociales y ecológicas que han venido haciendo todos estos años esfuerzos para aportar al cuidado del ambiente, al mejor vivir y a la conciencia social ambiental, como también docentes y estudiantes que hacen aportes permanentes por buscar formas de cuidar nuestra casa común”, finalizó.
