A través del decreto 06/21 la vicepresidenta convocó a la sesión preparatoria para el próximo miércoles a las 14:00 y, según supo NA de fuentes parlamentarias, serían ratificadas todas las autoridades actuales de la Cámara alta.
En tanto, el decreto parlamentario 07/21 convocó a una sesión especial para el mismo día a las 15:00 para tratar, en primer término, los pliegos de Luis Alfredo Ilarregui como embajador en Cuba, de Ariel Basteiro como representante argentino en Bolivia y de Gustavo Sabino Vaca Narvaja para la sede diplomática de China.
Inmediatamente después la Cámara alta se abocará al tratamiento del Consenso Fiscal firmado el 4 de diciembre pasado por el Presidente y los gobernadores de 21 provincias, un convenio que otorga 70.000 millones de pesos a esos distritos para la reactivación económica.
Las condiciones del acuerdo son la prohibición de aumentar la deuda pública y la suspensión de los procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
Las otras dos provincias que no firmaron fueron San Luis y La Pampa, debido a que tampoco habían suscripto el Consenso Fiscal anterior.
El temario de la sesión se completa con otros tres proyectos que ya tienen aprobación de la Cámara de Diputados y que gozan de un amplio consenso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, por lo que se prevé que sean convertidos en ley sin inconvenientes.
La primera de esas iniciativas es la que establece una serie beneficios e incentivos fiscales, entre ellos un blanqueo de capitales, para la promoción de inversiones en obras privadas nuevas en todo el territorio nacional.
El segundo proyecto propone un aumento progresivo de la inversión en el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para alcanzar en once años una participación del 1% del PBI.
Por último, los senadores votarán el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para otorgar un beneficio extraordinario y con carácter indemnizatorio a las familias de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan, que rondaría aproximadamente los 7 millones de pesos.
La iniciativa establece que los familiares que decidan optar por este beneficio deberán renunciar a llevar adelante litigios contra el Estado nacional.
