Esta decisión se tomó luego del escrache sufrido por el diputado nacional de la UCR Facundo Suárez Lastra frente a su domicilio en Palermo, con la participación de una veintena de militantes "pro vida" con carteles y bombos. Según señalaron fuentes legislativas, este tipo de acciones intimidatorias afectan "el fuero y la libertad de opinión de los legisladores".
En el 2018 este tipo de situaciones de escraches o mensajes agresivos y amenazantes en teléfonos y redes sociales de legisladores fueron moneda corriente, y en general tuvieron como víctimas a representantes proclives a votar a favor de la iniciativa de aborto legal.
NA