En este sentido aclaró que "se trata de una cesión que una de las propietarias hizo a un grupo organizado bajo una asociación. La base que genera el conflicto es una disputa familiar, que hoy transciende en un debate sobre la propiedad privada".
"En el transcurso de la tarde habrá una audiencia judicial y un juez de La Paz va a decir quien tiene derecho sobre la tierra", resaltó la funcionaria.
En cuanto al rol del gobierno sobre esta situación, indicó que "acompañamos la labor de jueces y fiscales, porque la policía es una auxiliar de la justica. Frente a una situación que una persona denuncia como delito, la policía obedece estrictas órdenes". "Al conflicto hay que situarlo en el campo de una disputa judicial, en las que ambas partes argumentan derechos", declaró.
Y añadió: "Es muy difícil para un juez, cuando le presentan documentación por la cual se ingrese al campo, establecer en 24 horas si la información es suficiente o no".
"A primera vista no era eso (una usurpación) porque había una documentación que se exhibía y una persona que decía ser dueña había cedido eso a una asociación. Todo esto es materia de debate judicial", mencionó Romero.
"El derecho de la propiedad privada no es absoluto, sino que admite excepciones como la utilidad pública, pero de ahí a que grupos de personas decidan consolidar de otro modo estos derechos hay una distancia", culminó Romero.
