Uno de los principales cambios que se introdujeron es la fecha hasta la que regirá la emergencia para los procesos de quiebras y concursos, que el texto original establecía hasta el 31 de marzo de 2021 y que finalmente será hasta el 30 de junio de 2021.
Además, los senadores también buscaron dejar aclarado en el proyecto que solo podrán verse beneficiados con la nueva norma quienes se hayan declarado en quiebra a partir del comienzo de la emergencia sanitaria y no después.
La presidenta de la comisión, la oficialista Ana Almirón (Corrientes), indicó que se decidió introducir cambios al proyecto a partir de un pedido del titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien pidió que se fijara un período concreto de alcance, que tuviera en cuenta la pandemia.
Durante la reunión por videconferencia, la oficialista María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) planteó que el proyecto debe "ser certero en cuanto a quienes quedan incluidos y quienes no" al tiempo que subrayó que el objetivo es "proteger a las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente".
Además, consideró "racional" la extensión de tres meses más en el plazo para la emergencia respecto de la que se había estipulado en el proyecto original.
Por su parte, el opositor Ernesto Martínez (Córdoba) cuestionó que el proyecto "viene mal hecho de Diputados" porque "el problema no es la presentación del concurso, si fue anterior o posterior al 20 de marzo, el tema es el tamaño de las empresas y sociedades que se concursan".
Frente a ese planteo, el oficialista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires), propuso excluir del beneficio contemplado en el proyecto a las actividades que "no hayan sido alcanzadas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio".
Sin embargo, la resistencia a ese cambio surgió del propio oficialismo cuando Mario Pais (Chubut) remarcó que todas las actividades fueron impactadas por la pandemia debido a sus efectos en las cadenas de pago y en la "caída de precios internacionales", por lo que consideró que "no se puede hacer esta discriminación" entre empresas.
El proyecto establece que durante el plazo que dure la emergencia se suspenderán los plazos procesales contemplados por la Ley de Concursos y Quiebras (24.522) y que "en cada proceso, el juez del concurso deberá fijar un nuevo cronograma".
La iniciativa también suspende "los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras", así como las "subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias" y se prohíben "nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos".
NA
