En la resolución judicial, emitida el día de ayer, Rizzo permitió a Juan Cruz Condomí Alcorta -fiscal de la causa- que en el desalojo disponga del uso de la fuerza "en caso en que resulte indispensable, y en la menor medida posible".
Rizzo ya había ordenado que el municipio de Presidente Perón, el 7 de agosto pasado, desalojara a las más de 2500 familias instaladas en el descampado el día 24 de aquel mes. Sin embargo, la orden fue frenada por intervención de la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados.
Esta semana, la Cámara confirmó lo dictaminado por el juez Rizzo, con el voto unánime de los camaristas Raúl Dalto, Miriam Patricia Ermili y María Silvia Oyhamburu, y la gremial de abogados volvió a apelar. La noticia del fallo desencadenó el rechazo de las organizaciones sociales con presencia territorial en la toma, que marcharon frente a la municipalidad de Presidente Perón y, en la ciudad de Buenos Aires, frente a la casa de la Provincia, para frenar el desalojo.
A pesar de se haya conocido la nueva fecha para retirar a las familias de Guernica, las agrupaciones no pierden la esperanza de tener un espacio de diálogo con los gobiernos y poder poner un freno a lo dispuesto por Rizzo.
Alejandro Ignaszewski, referente de OLP-Resistir y Luchar, aseguró a La Nación que la disposición reciente es "una aventura del juez para embarrar la cancha" y que la apelación de la gremial "sigue vigente y el juez lo sabe".
Por su parte, Eduardo Belliboni, referente de Polo Obrero (PO), confirmó que en este momento las agrupaciones se encuentran reunidas en el sitio de la toma -un descampado de más de 100 hectáreas frente a las calles Brasil y Luis A. Testa- "votando un plan de lucha" para poner freno a la orden judicial.
Fuentes involucradas en la defensa de la toma dijeron a La Nación que tienen previsto cortar la ruta 210, que atraviesa la localidad de Guernica.
En tanto, el fiscal Condomí Alcorta confirmó a este medio que se mantiene la propuesta de no imputar a quienes respondan de "modo pacífico" al desalojo.
La resolución dispone, además, que el desalojo deberá contar "con la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran, en particular los encargados de activar protocolos referidos a la pandemia derivada del Covid-19".
