"La Nación y las provincias diseñamos y ejecutamos distintas herramientas para acudir en ayuda de las actividades afectadas por la parálisis económica y comercial", indicó.
Entre las herramientas, puntualizó: "el Banco Central brindó incentivos a las entidades financieras para que incrementen los préstamos a MiPyMEs para el pago de sueldos. Se dispusieron 30 mil millones de pesos del FoGAr (Fondo de Garantías Argentino) para garantizar la línea de crédito. Los créditos a tasa del 24 por ciento alcanzaron a 3.580 empresas, sumando un total de 5.899 millones de pesos para las empresas de la provincia".
"Las medidas alcanzan al turismo, la gastronomía, la cultura, el deporte, el esparcimiento y el transporte. Y a los contribuyentes generales con dificultades en el cumplimiento de regímenes de facilidades", puso relevancia el ministro de Producción. Recordó que la norma "difiere hasta el 31 de diciembre los vencimientos de la mayoría de los tributos provinciales a actividades del ámbito de los deportes y esparcimiento como Salones de Fiestas; Clubes; Polideportivos; Piletas de Natación y Salas de entrenamiento; Gimnasios; y salas culturales (Museos, Cines, Teatro, Espectáculos, Recitales, Museos, entre otras)".
También comprende "las vinculadas al turismo (Hoteles y Cabañas; Hosterías, Campings; y Agencias), además de bares y restaurantes, y servicios de catering. El decreto incluye también el transporte de pasajeros interurbano; Escolar y Turístico".
"Se reglamentó la ley de Emergencia Turística, que dispone diferimientos y exenciones en el pago de tasas y aportes. Otra de las medidas que causó gran impacto fue el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, creado con el objetivo de morigerar el impacto económico de la emergencia sanitaria y contener la merma de la actividad productiva, destinado tanto a empleadores como a trabajadores de las mismas. Este Programa alcanzó en Entre Ríos a 3.258 empresas y 44.586 trabajadores, lo que significó -de abril a junio- la suma de 1.761 millones de pesos. Se suspendieron desalojos y se dispuso la prórroga de contratos de locación y congelamiento de precios de alquiler de inmuebles rurales de pequeñas producciones familiares, de inmuebles alquilados por PyMEs, por Cooperativas de Trabajo, por monotributistas y por profesionales autónomos", enumeró Bahillo.
Además, "se suspendió el corte de servicios por falta de pago del suministro de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable. Se prorrogó el plazo previsto de regularización de deudas tributarias, de la seguridad social y aduaneras, se suspendieron las ejecuciones fiscales y se dispuso una política de precios máximos para 2.500 productos. Paralelamente, y como forma de asegurar la subsistencia de las personas y familias más vulnerables pero también como modo de activar el mercado interno, se instruyó -con alcance nacional- el Ingreso familiar de Emergencia (IFE)", recordó.
