Respecto del proyecto en cuestión, detallaron que se centra en la reconfiguración de la Justicia penal federal de la ciudad de Buenos Aires, la creación de nuevos juzgados federales con competencia penal en las restantes provincias argentinas y la conformación de una comisión especial para estudiar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el instituto del juicio por jurados.
"Lo que hemos observado del proyecto es que en la jurisdicción de Entre Ríos se crearían nuevos juzgados federales con competencia penal. Ya el Estado nacional ha adoptado el sistema penal acusatorio a través del nuevo Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063), pero con una implementación escalonada por provincias. A su vez, la comisión creada tratará el funcionamiento del Ministerio Público, siendo ésta la parte que asume la investigación y la acusación y la que necesitaría ineludiblemente una transformación cuantitativa importante", mencionaron.
En esa línea advirtieron que la crisis económica afecta al servicio de Justicia, por lo que en octubre pasado el Consejo de la Magistratura declaró la emergencia judicial en los aspectos edilicio y tecnológico, rubros esenciales para brindar un adecuado servicio.
"La abogacía organizada lleva décadas reclamando mejoras presupuestarias para personal, para edificios y para renovar la tecnología, hoy tan imprescindible", recordaron y mencionaron como ejemplo de ello que a nivel local se suspendieron las obras en la futura sede del Juzgado Federal de Paraná (ex Comando de Brigada) por inexistencia o escasez de fondos suficientes. "La pregunta que nos hacemos todos los operadores del sistema judicial es de dónde provendrán esos necesarios rubros presupuestarios", cuestionaron.
Por otra parte, se refirieron al Consejo de la Magistratura de la Nación, "órgano que debe ser revisado legalmente".
"Nuestra Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) ha impugnado constantemente la desequilibrada composición que afecta su diseño constitucional, a través de acciones judiciales y también con la presentación de un proyecto de ley. Hace más de diez años que el Consejo es el campo de batalla de los circunstanciales sectores oficialistas/oposición que se alternan para dominar la selección de candidatos a magistrados y funcionarios, para analizar la conducta de los mismos y para administrar el presupuesto de la Justicia nacional y federal. Su composición y su parsimonioso funcionamiento es una deuda con la ciudadanía argentina", criticaron.
En el comunicado, según indica APF, resaltaron que desde CAER siempre fue una política institucional "ponerse a disposición de los legisladores nacionales entrerrianos a los fines de aportar institucionalmente la perspectiva desde la abogacía con especialistas en cada materia", ofreciéndose nuevamente.
"Nuestra pretensión es que haya una reforma a todo el sistema judicial con la finalidad de lograr esencialmente el acceso a la Justicia, fundamentalmente a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y jurídica; la tutela judicial efectiva, continua y expeditiva que brinde seguridad a la ciudadanía; y el respeto al principio de independencia de los magistrados y funcionarios judiciales; como garantías a los argentinos de una Justicia democrática", aseguraron.
Por ello, consideraron que "se debe convocar a participar a la abogacía argentina organizada, a la misma Corte Suprema, a las asociaciones de magistrados y funcionarios y a los trabajadores judiciales, entre otros sectores más, quienes deben realizar sus aportes en base a la experiencia diaria del funcionamiento del sistema judicial".
"Debemos todos reconstruir la real independencia de los magistrados y funcionarios, como garantía de justicia y lograr revertir esa desconfianza con la que hoy se defiende la ciudadanía. Tenemos la esperanza, y así también lo peticionamos, que solo el diálogo transparente e inclusivo y la razonabilidad argumentativa pueden obtener el necesario consenso constitucional para mejorar el sistema de Justicia argentina", finalizaron. (APF)
