La modificación propuesta tiene en cuenta "la importancia que para el Estado Municipal representan los ingresos derivados por procesos de regularización de deudas, sobre todo en un contexto de retracción económica, por el impacto de la crisis provocada por el gobierno de Cambiemos y que se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus".
En este contexto es que Granetto apunta además "a atender un reclamo de contribuyentes que, no obstante su intención saldar sus deudas, ven obstaculizada dicha posibilidad de acogimiento por la exigencia de acuerdo previo sobre el valor de honorarios con profesionales que intervienen en estos procesos, lo que deriva directamente en la demora, cuando no la pérdida de recursos más que valiosos para el Municipio en el contexto actual de recesión económica, emergencia municipal y pandemia sanitaria".
Granetto resaltó que "la regularización de las deudas tributarias que han sido judicializadas no debería verse obstaculizada por la exigencia previa de pago total o parcial o de un acuerdo sobre emolumentos diferentes de los conceptos referidos, ni la conformidad de terceros ajenos a la estricta relación entre el contribuyente y el fisco municipal".
