Se trata de una de las medidas que el Gobierno trabaja para la reactivación de la economía post-pandemia, y busca otorgar a los privados una herramienta que les permita salir del ahogo financiero, comentaron a El Cronista fuentes oficiales.
"Es un instrumento para permitir la reactivación una vez que se supere la actual coyuntura, pero no el único", explicaron. La intención es que el proyecto tenga rápido tratamiento y aprobación en el Congreso.
En ese sentido, consideraron que puede tener amplio aval de todas las fuerzas políticas, a partir de la crisis actual y, además, por la experiencia de diciembre cuando, en medio del debate de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la moratoria pyme (que está en marcha) fue uno de los puntos en los que no hubo fricciones entre las bancadas.
En el nuevo plan, que el presidente Alberto Fernández definió el fin de semana, como "moratoria para todos", se podrán incluir deudas, tanto impositivas como aduaneras y de la seguridad social, vencidas hasta fines de mayo pasado (la moratoria pyme, pese a su prórroga, permite solo a las vencidas hasta fines de noviembre de 2019).
Si, como espera el Gobierno el proyecto se convierte en ley rápidamente, el período de inscripción en el plan de facilidades se extenderá hasta fines de agosto. En tanto, los pagos comenzarán a realizarse hacia noviembre, por lo que las firmas que se adhieran tendrán 3 meses de gracia.
Lo que resta por definir son los plazos máximos, y sus respectivas tasas de interés para el pago de las deudas que ingresen en la moratoria. Para las pymes, las facilidades se extienden hasta en 10 años para deuda impositiva y aduanera, en tanto que el máximo son 5 años para regularizar los pagos de las contribuciones a la seguridad social. Esos plazos se mantendrían en la nueva moratoria pero solo para ese sector de la economía.
En el oficialismo creen que las pymes deben tener un trato diferencial con el resto, dado que son las más golpeadas no solo por la pandemia sino porque veían muy perjudicadas desde el gobierno anterior.
Por eso, para las firmas más grandes se estima que los plazos para regularizar las deudas impositivas y aduaneras están en 6 a 8 años; mientras que para las de la seguridad social se debatía si serán entre 2 o 3 años como máximo. Además se está terminando de ajustar cuáles serán las tasas de interés a aplicar según los montos adeudados, tamaño de la firma adherente y otros parámetros.
El borrador del proyecto fue tratado en la reunión de gabinete económico que presidió este miércoles Santiago Cafiero y del que participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Trabajo, Claudio Moroni, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, entre otros.
Con esta decisión, y tras varios reclamos desde distintos sectores, como los industriales que lo venían pidiendo para las grandes empresas y luego de un par de fallos judiciales en primera instancia en favor de ese pedido, el Estado ampliará los beneficios que impulsó en la moratorio para las pymes, cuyo plazo de adhesión vence en próximo 30 de junio, para así incluir a casi todo el universo de contribuyentes, entre ellos grandes empresas y a contribuyentes individuales.
El Cronista.com.
