En los considerandos del DNU, el mandatario se amparó en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuyo artículo 12 fija que el derecho de circulación puede ser objeto de restricciones para proteger, entre otras cosas, la salud pública. También menciona el artículo 22 inciso 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que está en la misma sintonía.
Esta declaración la da ciertas prioridades a la cartera de Salud en materia presupuestaria y de asignación de recursos por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la figura de 'emergencia sanitaria' le otorga facultades a la autoridad sanitaria como disponer las medidas necesarias para mitigar el impacto del virus, realizar campañas de difusión e instar a las personas con síntomas a realizar cuarentena.
La figura mencionada aparece en el artículo 23 de la Constitución Nacional y puede declararse en todo el territorio o una provincia en particular en caso de que exista conmoción interior o ataque exterior. Por medio del estado de sitio quedan suspendidos los derechos y garantías constitucionales debido a que, tal crisis, pone en peligro la vigencia de la Constitución o perturba el orden constitucional.
Sin embargo, la declaración de estado de sitio, en uno o varios puntos del país, debe llevar la luz verde del Congreso, excepto que este se encuentre en receso y, en ese caso, el Presidente tiene la atribución de ejercer esta facultad.
