En los decretos 432/2020 y 433/2020 dictado por el gobernador Jorge Capitanich se dispuso "el aislamiento preventivo" apelando a la "responsabilidad" de los ciudadanos tras confirmarse en la provincia 13 casos de coronavirus, uno de los cuales falleció, y otro caso al que se definió "sin nexo epidemiológico".
La ley dispone que en la actividad privada funcionen los establecimientos de provisión de alimentos, farmacias y estaciones de servicio y la continuidad de prestación de servicios esenciales del estado provincial en salud y registro civil con la regulación del personal para garantizar las prestaciones.
Se intensificaron, además, controles policiales en el aeropuerto de Resistencia, los puertos de Barranqueras y Puerto Vilelas, y puestos fronterizos con las provincias de Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta.
Antes de la sanción de esta ley el gobierno provincial pidió a los chaqueños que "permanezcan en sus hogares" en este aislamiento "necesario e imprescindible para interrumpir el crecimiento del número de casos o circulación viral" para lo que se necesita "promover, potenciar y garantizar conciencia colectiva a la comunidad".
La evolución epidemiológica motivó que los tres poderes del Estado provincial funcionen con dotaciones reducidas de funcionarios y empleados sin que se haya declarado la "circulación viral" de esta enfermedad.
Se estableció que el sistema de transporte automotor público de pasajeros del Gran Resistencia funcione con normalidad aunque es notoria le escasa cantidad usuarios en los ómnibus por el virtual cierre de las oficinas gubernamentales y la suspensión de las clases en la provincia.
La ley establece que las normativas aclaratorias, complementarias y disposiciones particulares vinculadas con la emergencia sanitaria por coronavirus dictadas por municipios y dependencias del sector público provincial deberán ser comunicadas a la Comisión de Seguimiento por Emergencia Sanitaria creada por decreto 429/2020.
Las restricciones que se fijan en virtud de la presente ley no tienen alcance para el personal de salud pública, de clínicas y sanatorios privados, de la policía y del servicio penitenciario provincial.
