"El gobierno de facto que usurpó el poder en Bolivia, ha liberado a las Fuerzas Armadas para que actúen sin tener que responder por sus crímenes. Crece el número de muertos. El Gobierno argentino calla. La OEA avala, Michella Bachelet, y la ONU deben intervenir", sostuvo Fernández en su cuenta.
Si bien el decreto de Añez aclara que esta condición se debe dar en el marco de los límites que impone la Constitución de su país, las voces de repudio se alzaron desde distintos ángulos, teniendo en cuenta que la represión en los últimos días ha alcanzado niveles de violencia superlativa, con un saldo en Cochabamba de hasta el momento 9 muertos.
"El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Artículo 11 y 12 del Código Penal Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal", dice el decreto.
