El escenario abre un conflicto de derivaciones insospechadas por la ausencia de tiempo material para concretarlas el domingo y habiendo transcurrido la elección PASO que habría permitido disputar cargos entre líneas internas para la representación regional.
Los camaristas "en virtud de la gravedad e importancia del tema en cuestión" remitieron su resolución al Congreso "para que, a los fines que pudieran corresponder, adopte las medidas que considere resulten pertinentes". Es que más allá de que el Gobierno apele a la Corte Suprema con la esperanza de que revoque el fallo de la CNE, los mandatos de 43 diputados vencerán el 10 de diciembre. A partir de ese día, alguien tendría que sentarse en esas bancas definidos por elección directa, a menos que el Congreso -que no puede prorrogar mandatos- modifique o derogue la Ley N° 27.120 que, además, reformó el Código Nacional Electoral, hoy, incumplido.
Desde mayo pasado hubo indicios de que la Justicia podría dar un revés al Gobierno respecto del Decreto N° 343 que había sido tildado de inconstitucional en tres amparos que terminaron unificados. El fiscal electoral Jorge Di Lello había dictaminado que el Código Electoral estaba vigente y que no podía superponérsele la Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del Parlamento del Mercosur, que era el argumento oficial. Firmada el 16 de abril de 2019 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, suspendió la aplicación del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur en cuanto a la elección de parlamentarios.
Macri nunca envió al Congreso esa ratificación. La jefatura de Gabinete argumentó que se apoyaba en la Declaración Conjunta que por la Convención de Viena le daba status superador de acuerdo a la Constitución y que el decreto de llamado a elecciones que expresamente excluía a las del Paralsur no exige trámite interno para darle validez. Y que el Ejecutivo no se había arrogado facultades legislativas en materia electoral, dado que era un acto de "política exterior".
