El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, precisó a Elonce TV que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia debe cumplirse "lo antes posible, porque la cautelar está para cumplirse y no para dilatar su cumplimiento. El fallo proviene de un tribunal que tiene competencia originaria y exclusiva, por lo que no hay posibilidad de revertirlo".
"Estamos decidiendo de qué modo le presentamos a la Corte un proyecto de liquidación de una suma de dinero para cada provincia", explicó el funcionario, quien acotó que "no es igual para todos los distritos" y que la estimación en el caso de Entre Ríos es de "1.600 millones de pesos, pero hay una estimación del gobierno nacional que dice que el costo fiscal para las provincias es de 41.000 millones de pesos. Si tomáramos ese criterio, estamos en unos 2.000 millones de pesos". Enseguida Rodríguez Signes puso de relieve "el ordenamiento financiero" del Estado entrerriano y destacó que este año "no hemos echado mano al endeudamiento". No obstante, admitió que "se ha visto una reducción de obras públicas que se pueden postergar y en gastos corrientes que se evitan. Todavía no impactó en lo salarial, pero, sin generar alarmas, tendríamos inconvenientes para cerrar equilibradamente las cuentas a fin de año, como consecuencia de estos decretos del Ejecutivo Nacional. No es que nos sobraban 2.000 millones de pesos, sino que habría consecuencias. Por eso nuestro apuro para que se disponga el cumplimiento inmediato de la sentencia".
"El gobernador ha sido muy firme en las restricciones de gastos para no hacer peligrar el cumplimiento de obligaciones salariales y de las prestaciones básicas. Mi objetivo es tratar que la Corte disponga el cumplimiento de la sentencia y evitar que el gobierno nacional tenga éxito en maniobras dilatoria", completó el fiscal de Estado. Elonce.com
